El anuncio del Gobierno aragonés fijando para marzo de 2019, a solo dos meses de los comicios autonómicos y locales, la colocación de la primera piedra del hospital de Teruel ha abierto una guerra entre la DGA –en manos del PSOE– y el Ayuntamiento de Teruel –gobernado por el PP–, lo que hace temer cálculos electorales por parte de quienes lideran ambas instituciones.

El Ayuntamiento de Teruel ha respondido al calendario de tintes oportunistas de la DGA con un informe técnico que habla de múltiples deficiencias en el proyecto del hospital recibido del Gobierno aragonés el pasado mes de abril –15 meses después de estar terminado– junto con la solicitud de licencia de obra. El Consistorio advierte de que algunas necesitan tanto tiempo para ser subsanadas que difícilmente el permiso estará listo en marzo.

El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, afirma que la DGA presentó una documentación "sin contrastar, apresurada, como si faltase depurar el trabajo". Explica que en el proyecto no queda claro, por ejemplo, si una de las parcelas ha sido o no expropiada y si el helipuerto se sitúa dentro o fuera del recinto hospitalario. Añade que el presupuesto de la obra varía en unos folios y en otros, lo mismo que los nombres de los redactores.

El Gobierno aragonés contesta que el Ayuntamiento ha tardado seis meses en emitir ese informe y afirma que, si bien intentará corregir los defectos a tiempo, cuenta con una licencia anterior en vigor que le permite comenzar las obras "sin problema".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, tachó esta semana de "humillante" la "deslealtad" del equipo de gobierno municipal ante una inversión de 100 millones de euros, el importe del hospital. "Todo lo que va de la mano del PSOE se encuentra con trabas a la hora de su ejecución", dijo. Morón cargó contra el concejal de Urbanismo, cuya actitud calificó de "vergonzosa" al haber considerado que el informe técnico era "demoledor" cuando, en su opinión, solo habla de cuestiones "de mero trámite". El edil socialista acusa al equipo de gobierno de mirar por el interés de su partido antes que por el de la ciudad de Teruel.

Este nuevo capítulo de la historia interminable en que se ha convertido el hospital, sin un solo ladrillo tras más de 10 años de anuncios y 6 millones de euros gastados o comprometidos en estudios, preparación de terrenos e indemnización a una empresa por rescisión de contrato, irrita a la ciudadanía. El presidente de la Federación de Vecinos de Teruel, Pepe Polo, define como "un mal chiste" que después de tres proyectos distintos –dos de ellos elaborados por el PSOE y otro por el PP-PAR– pueda haber fallos en la documentación y reclama que las grandes infraestructuras de Teruel "sean consensuadas y queden al margen de los cambios de color político en las instituciones". El líder vecinal advierte de que entre la población hay "hartazgo y cansancio de que los partidos políticos utilicen el hospital para su rédito electoral y las obras se adelanten o retrasen según su interés". "Eso es lo perverso", remacha.

En la misma línea, el presidente de la CEOE-Teruel, Carlos Torre, reivindicó que ambas administraciones, Ayuntamiento y DGA, "se pongan de acuerdo y saquen adelante una obra tan esperada y necesaria como es el hospital". "De lo contrario –continuó–, están perjudicando a la ciudad". El representante de los empresarios turolenses advirtió de que sin un convenio entre partidos nunca se ejecutarán grandes proyectos, pues estos necesitan de una planificación a largo plazo a través de gobiernos que cambian de color político.

Por si fuera poco, el proyecto definitivo del hospital no gusta a las asociaciones vecinales. Sonia García, secretaria de la Federación de barrios, denuncia que con los cambios de planificación se ha recortado una planta, solo el 41% de las habitaciones serán individuales y no está garantizado que cuente con una unidad de radioterapia. "No es el hospital del siglo XXI que nosotros esperábamos", dice.