La Audiencia Provincial de Teruel cierra la vía penal abierta contra tres exalcaldes y un concejal del Ayuntamiento de la capital turolense –más dos técnicos municipales– que habían sido acusados de haber cometido diversos delitos urbanísticos por la propietaria de buena parte de los terrenos donde se asienta el poblado chabolista de Pomecia, en el que reside, principalmente, población de etnia gitana.

En un auto dictado el pasado miércoles, el tribunal turolense confirma el archivo de las actuaciones contra Manuel Blasco (PP), Lucía Gómez (PSOE) y Miguel Ferrer (PAR) –igualmente las referidas a los dos técnicos municipales– que ya dictara el juez instructor, y acuerda, asimismo, el sobreseimiento de las diligencias respecto del exconcejal de Urbanismo y actualmente delegado del área de Seguridad Ciudadana, Jesús Fuertes, el único que seguía investigado por esta causa.

La denunciante acusó a Manuel Blasco de no paralizar las construcciones ilegales cuando fue alcalde y de dictar un decreto que suspendió otro de la Gerencia de Urbanismo que ordenaba la demolición de 29 edificaciones. Sin embargo, la Audiencia trae a colación una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que acaba de declarar conforme a Derecho dicho decreto de paralización ya que la orden municipal de derribo no era firme –estaba recurrida por una asociación vecinal–, sin apreciar que hubiera inactividad administrativa.

En cuanto a Miguel Ferrer y Lucía Gómez, si bien la denunciante los acusó de haber realizado en el barrio entre 1988 y 2008 obras de hormigonado y ejecución de soleras que habrían ocasionado un "efecto llamada", potenciando una situación de peligro ante posibles avenidas de agua al estar las casas en zona inundable, los magistrados entienden que todo ello lo único que indicaría es que no fueron unas obras acertadas, lo que "no implica que la decisión de realizarlas se tomara de forma arbitraria". Añade el auto que el "efecto llamada" no puede atribuirse a estos dos investigados porque cesaron en sus cargos poco después.

Los cargos contra el exconcejal de Urbanismo, Jesús Fuertes, se centraban en una supuesta ralentización de la tramitación de expedientes sancionadores, lo que habría provocado su caducidad; además de no denunciar la existencia de construcciones ocupando zonas verdes y terrenos destinados a viales. La Audiencia estima que el simple retraso en la tramitación no es indicio criminal suficiente ni prueba que hubo voluntad de eludir el cumplimiento del deber. Añade el auto que difícilmente se puede imputar a Fuertes la omisión del deber de perseguir delitos, cuando no existe una claridad de la conducta delictiva.

Así, el auto de la Audiencia desestima el recurso presentado por la propietaria de parte del suelo para que continúen las diligencias contra los 3 exalcaldes y los técnicos, y estima la apelación de Fuertes pidiendo el archivo de la investigación contra él. El fallo solo puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

Blasco, que gobernó de 1999 a 2003 y de 2010 a 2016 y ha estado defendido por el abogado Juan Carlos Monclús, dijo ayer sentir una "satisfacción infinita" tras conocer el auto. "He trabajado en el Ayuntamiento de Teruel 27 años y al mes de irme entró la denuncia; fue un golpe duro", recordó. "Ahora tengo la felicidad de que los tribunales han visto que no hubo mala intención", añadió.

Ferrer, alcalde de 2007 a 2010, afirmó que siempre estuvo convencido de su inocencia, si bien confesó haberse "quitado un gran peso de encima". "Lo único que me movió –agregó– es que la gente de Pomecia viviera en mejores condiciones". Por su parte, Lucía Gómez (2003 a 2007) no quiso hacer declaraciones. El concejal Jesús Fuertes se mostró "muy contento" tras casi 3 años "bajo la espada de Damocles". Subrayó que "siempre" confió en la Justicia.