Denuncian al director de la Caja Rural por la construcción de dos residencias

La construcción de dos residencias de ancianos en la provincia de Teruel, concretamente en la capital y en Valderrobres, ha acabado en los tribunales con una acusación de presuntos delitos societarios contra José Antonio Pérez Cebrián, director general de la Caja Rural de Teruel y miembro del Comité Económico y Social de Aragón; Tomás Pérez Maicas, un constructor turolense; la hermana de este y dos cargos intermedios de la Caja. Al parecer el papel de la entidad bancaria en el proyecto era facilitar la financiación que fuese necesaria para llevarlo a cabo completando las aportaciones de capital de los socios.

Los denunciantes son los empresarios valencianos David Pedrajas y Leopoldo Usán que en 2011 se asociaron con los ahora querellados para poner en marcha los centros de mayores, que nunca llegaron a concluirse. Los levantinos acusan al directivo de la Caja Rural y el resto de los denunciados de haber facturado sobrecostes superiores a tres millones de euros a la empresa Argo Navis, creada ex profeso para llevar a cabo la construcción de los centros asistencias y que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel admitió a trámite la querella el pasado mes de diciembre aunque el asunto está judicializado desde el verano de 2017. En julio, los empresarios valencianos presentaron en sede judicial una primera denuncia como representantes de Argo Navis, pero este proceso no llegó a resolverse ya que la sociedad entró en concurso de acreedores y el administrador concursal designado (una asesoría de Zaragoza) no ratificó la denuncia en los tribunales a mediados del mes de septiembre, cuando fue citado por el juez.

La Fiscalía se adhiere

Tras este primer revés judicial, los levantinos decidieron cambiar su estrategia y presentaron un recurso contra la decisión del juez con otra sociedad de su propiedad que, según consideraban, había sido perjudicada por el proyecto. En esta ocasión el magistrado decidió admitir a trámite la querella e incluso, según ha podido saber este periódico, la Fiscalía se adhirió a la misma como acusación particular a finales de noviembre al advertir indicios de posible delitos societarios.

En la querella se atribuye al director de la Caja y al resto de querellados de distintos hechos, entre los que figuran presuntos delitos societarios, de estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. Según argumenta la representación legal de los valencianos, mientras duró el proyecto de construcción de las residencias, la constructora de Pérez Maicas sirvió supuestamente como sociedad instrumental entre Argo Navis y la Caja Rural de Teruel. De hecho, sostiene que Argo Navis emitió pagarés con distintos vencimientos que "no correspondían a ningún gasto o inversión realizada por la constructora". Estas operaciones, continúa la querella, se hicieron con "el conocimiento y autorización" de la Caja Rural de Teruel y a espaldas de los socios de la Comunidad Valenciana.

Obras al 60%, según la querella

Este y otros datos se recogen en un informe pericial que los denunciantes adjuntaron a la querella. El documento detalla cuáles eran los proyectos iniciales de construcción, las obras que se habían ejecutado efectivamente y los costes que habían sido facturados por la constructora de Pérez Maicas a la sociedad Argo Navis.

Este informe pericial apunta sobrecostes tanto en la residencia de la comarca del Matarraña como en la de la capital. En el caso de Valderrobres, se especifica que en el edificio de nueva construcción y que iba a contar con 54 habitaciones con 100 plazas para ancianos y centro de día, las obras quedaron paralizadas al 60%, cuando se habían invertido ya 2,27 millones. Sin embargo, los querellantes afirman que las facturas giradas por los trabajos no coincidían con esta cantidad si no que eran de 3,27 millones de euros. Es decir, apreciaron una diferencia de cercana al millón de euros.

Mientras, la residencia de Teruel capital, un antiguo edificio de Los Hermanos Paúles situado en la calle de San Fernando, iba a tener 39 habitaciones y algo más de 70 plazas. Los peritos contratados por los empresarios valencianos afirman igualmente que el proyecto se quedó al 60% de ejecución y la diferencia entre su valoración y el pago de facturas es de casi dos millones de euros. Este documento obra en poder del juez, cuya instrucción deberá determinar si efectivamente se inflaron cantidades y es previsible que encargue su propio informe pericial para determinar si como dicen los querellantes hay sobrecostes y cuál es su cuantía.

Consultado por este periódico, el abogado del director de la Caja Rural, Alberto Hernández, confía en que se archive la causa y pone en duda que la instrucción haya comenzado de forma efectiva. Igualmente niega que la Fiscalía se haya adherido a la querella de los empresarios valencianos como acusación particular. Por su parte, José Antonio Pérez Cebrián se remitió a lo dicho por su letrado y no quiso hacer más declaraciones sobre el asunto.