Los agricultores de la provincia han recibido un nuevo jarro de agua fría en respuesta a su reivindicación de un reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que acabe con los agravios que soportan respecto a sus colegas de Huesca y Zaragoza. La Comisión Europea (CE) acaba de desestimar la denuncia presentada por la plataforma de Agricultores y Ganaderos de Teruel (Agrigate) por considerar ilegal el reparto de primas que se aplica en España.

La asamblea de Agrigate celebrada en Teruel con una nutrida asistencia de toda la provincia acordó insistir en sus reclamaciones para que las ayudas de la PAC se equiparen en Aragón y decidió recurrir el archivo de la denuncia. El recurso podría presentarse con otras organizaciones agrarias contrarias al reparto de los fondos de la PAC, como el sindicato catalán Unió de Pagesos. Además, si a medio plazo no se avanza en la equiparación de la subvenciones, reanudarán las movilizaciones.

La CE considera que de la documentación que maneja no se deriva ninguna ilegalidad el Estado español respecto a la PAC y remite las reivindicaciones de los agricultores turolenses al Gobierno central, que establece el sistema de estratos –niveles– de ayudas. La Dirección General de Agricultura de la CE considera con la documentación recibida de Agrigate y del Gobierno español "no es posible cuestionar la objetividad" de los criterios aplicados.

Los agricultores turolenses mantendrán las medidas de presión para que se revise el reparto de los subsidios de la PAC, que dejan a todas las comarcas turolenses en el escalón más bajo de ayudas, el estrato 3, que solo vuelve a aparecer en los secanos más extremos de los Monegros y Bajo Cinca. Con esta distribución, toda la provincia recibe una subvención base de inferior a 82 euros –con la única excepción de la sierra de Albarracín, con el estrato 4 y 88 euros– mientras que las comarcas limítrofes de Zaragoza, con similar productividad, superan los 100, al igual que el resto de Aragón.

La CE abre las puertas a que puedan detectarse "expedientes concretos" con problemas en la asignación de subsidios, pero considera que su resolución debería procurarse a través de la Administración y los tribunales españoles. "Si ustedes consideran que han sufrido un trato discriminatorio, tengan presente que pueden recurrir a los tribunales nacionales", dice la resolución de la CE.

La Dirección General de Agricultura, como único reproche al Gobierno español, le "invita a reflexionar sobre la necesidad de explicar mejor su régimen y a aclarar el establecimiento de los derechos de los agricultores". Recuerda también a "las autoridades españolas" que son las responsables de "garantizar que el principio de igualdad de trato sea respetado".

El vicepresidente de Agrigate José Manuel Roche lamentó que las tres administraciones implicadas –UE, Gobierno central y DGA– se dediquen a "echar balones fuera sin resolver el problema". Consideró innegociable un reparto "más justo" de la PAC.

La asamblea de Agrigate, a la que asistieron unos doscientos agricultores, abogó por mantener los contactos con el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura en busca de la equiparación de las ayudas de la PAC, pero acordó retomar las movilizaciones si no hay avances.

Los agricultores participantes apuntaron la posibilidad de habilitar medidas compensatorias al agravio de la PAC por otros cauces, como el acceso a ayudas específicas del Fondo de Inversiones de Teruel o con apoyo desde la DGA a los jóvenes agricultores y a las medidas agroambientales.

La reunión corroboró la necesidad de conservar la unidad de acción de todos los sindicatos agrarios integrados en la plataforma –UAGA, Asaja y UPA– como la mejor forma de conseguir resultados. Los tres sindicatos mantienen, no obstante, su libertad de acción para tomar iniciativas por separado, como ocurrió recientemente con Asaja, que llevó a cabo una concentración de protesta por la PAC ante la sede de la Delegación Territorial de la DGA.