La central térmica de Andorra apenas ha quemado carbón desde enero y las consecuencias se han empezado a notar ya en la mina de cielo abierto de Ariño –propiedad de Samca–, donde más de 60 personas han perdido su empleo en lo que va de año.

Los recortes han comenzado por las subcontratas. La empresa EPSA, con 30 trabajadores, ha abandonado ya la actividad en la zona y en Villajos quedan unos 22 empleados de los 50 que había en febrero. También Movitex, que es la subcontrata que se encarga de los trabajos de la explotación exterior de Samca ubicada en Foz Calanda, se ha quedado con menos de 20 trabajadores. El motivo principal es que el carbón no está entrando en el mix energético debido a las óptimas condiciones meteorológicas, unas circunstancias que posibilitan la producción de energía eólica e hidráulica.

Como la demanda no es estable, Endesa solicita a Samca carbón de forma intermitente y, ante un futuro incierto, la minera opta por terminar con las subcontratas antes de tocar su plantilla propia. "La mina está muy adelantada y preparada para sacar prácticamente las mismas toneladas que el año pasado pero con los parones que se suceden desde enero y la incertidumbre que hay de cara al próximo 2020, Samca lo que hace es seguir sacando tierra pero con su personal propio", explicó Joaquín Noé, alcalde de Ariño y trabajador de la mina.

Endesa y Samca firmaron un contrato de suministro que aseguraba 2,6 millones de toneladas entre 2017 y 2018. Por lo tanto, aún quedan 800.000 que tendrán que suministrarse a lo largo de este mismo año, según se recoge en el acuerdo firmado entre ambas compañías .

Horizonte 2020

Mientras la actividad minero-eléctrica de la comarca de Andorra Sierra de Arcos sufre estos altibajos, la continuidad de la central térmica de Endesa sigue pendiente de un hilo. La eléctrica, con las condiciones actuales, sigue sin pronunciarse con respecto a la inversión de 190 millones de euros que la infraestructura necesita para seguir operando a partir de junio de 2020. De hecho, ha asegurado en muchas ocasiones, que la intención es cerrar si no se garantiza la quema de carbón a largo plazo. Para evitar el cierre, el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció un Proyecto de Ley que todavía está pendiente de debatirse en el Congreso.

No obstante, en una rueda de prensa del Partido Popular en Alcañiz la pasada semana, el diputado calandino Alberto Herrero garantizó que el texto llegaría a la Cámara Baja en el mes de junio. "Esperamos el apoyo del resto de partidos, ahí se verá públicamente qué dicen PSOE, Ciudadanos y Podemos", afirmó Herrero.

Entre tanto, en Bruselas se sigue apostando por el abandono del carbón a corto plazo. El grupo parlamentario Los Verdes/ALE organizó el pasado miércoles la conferencia ‘Una transición justa más allá del carbón’ en la que hubo representantes de las diferentes cuencas mineras europeas, representantes de la sociedad civil, ONG y sindicatos de la Unión Europea. Los participantes en el foro mostraron un "consenso" sobre la necesidad de poner a la ciudadanía y las personas trabajadoras en el centro de la transición justa, y planificar el abandono del carbón para cumplir con el Acuerdo de París y construir una economía solidaria y sostenible. Entre los ponentes estuvieron presentes los propietarios de La Ojinegra, Belén Soler y Xavi Poncelas, que reclamaron financiación y apoyo institucional para llevar a cabo la transición.

El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, uno de los organizadores del encuentro, cerró la conferencia poniendo el énfasis en la necesidad de abandonar el carbón en la UE como tarde en 2030. "La UE tiene que apostar por la salida del carbón, minas y centrales, a más tardar en 2030. Para España, hablamos del cierre de las minas para finales del 2018 y de todas las plantas de carbón a más tardar en 2025, empezando desde ya con las menos eficientes", insistió.