El proceso judicial en el que se halla envuelto el laboratorio farmacéutico de Alcorisa, Defabar, al ser investigado por la Guardia Civil por estar presuntamente en el centro de una red internacional ilegal de tráfico de medicamentos falsificados, ha salpicado de lleno a los órganos de gestión de las ayudas del Plan Miner, de quien recibió importantes sumas desde su constitución en 2008. Asimismo, se ha visto comprometido el sistema de inspección y control de los proyectos que obtienen el visto bueno por parte de la Administración.

Al turbio asunto de esta red que importaba a España medicamentos a granel desde la India para ser revendidos a precio inferior a países de Asia, África o América, se suma la baja repercusión que en los últimos años está teniendo el Plan Miner en la cuenca aragonesa, y especialmente en la turolense. Cada vez atrae a menos empresas y muchas de las que optan a las ayudas fracasan antes de empezar.

Las subvenciones, aunque promovidas por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, dependiente del Ministerio de Energía –antes de Industria–, no se ejecutan sin haber pasado previamente por las manos de dos órganos impulsados desde el Gobierno de Aragón, como son el Grupo Técnico de la Minería y la Mesa de la Minería.

Tanto el primero, de carácter técnico y presidido por el director general de Energía; como el segundo, constituido por representantes de la Administración y de los agentes sociales y económicos y bajo la dirección de la consejera de Economía, tienen la misión de evaluar y priorizar los proyectos empresariales que se presentan a la convocatoria del Ministerio. En Aragón, pues, se hace una primera criba y se priorizan las iniciativas en base a unos criterios con los que se bareman los proyectos. El primer colectivo puntúa y el segundo, en el que tienen presencia representantes sindicales y empresarios de las cuencas mineras, se encarga de dar el visto bueno definitivo. Finalmente, y una vez cumplidos estos trámites, es el Ministerio el que aprueba las ayudas.

Los dos órganos aragoneses no han estado, sin embargo, en los últimos años exentos de polémica. Las sucesivas críticas de alcaldes y agentes sociales de las zonas mineras sobre los criterios a la hora de seleccionar los proyectos provocaron que se aprobaran nuevos baremos de puntuación en marzo de 2017 y los ayuntamientos de los 15 municipios turolenses mineros y Mequinenza en Zaragoza tuvieron que volver a remitir la documentación de lo ya presentado.

La polémica se resolvió aplicando una serie de criterios objetivos que fueron aceptados por los miembros de la Mesa. En primer lugar se priorizan los proyectos de generación de empleo, después se valora el volumen de inversión y posteriormente, la experiencia en la actividad empresarial.

Pese a todo, los proyectos –sobre todo los de carácter empresarial, ya que también se presentan por iniciativa municipal– o no llegan o se han quedado por el camino en los últimos años. En 2014, las dos iniciativas empresariales mejor valoradas fueron Teruel Biotecnología y Vital Green. Ambas se iban a instalar en Andorra y entre las dos iban a generar 32 empleos.

Proyectos truncados

En 2015, se sumaron Mecanos de Hormigón y Labdhifarma también en la villa minera. En total, 99 empleos que igualmente se han truncado. En 2016 ya ni siquiera hubo iniciativas para la cuenca minera turolense y todos los proyectos empresariales priorizados fueron para Mequinenza, Fraga y Torrente de Cinca.

Para el representante de UGT en la Mesa, Alejo Galve, la solución es difícil pero ha de partir de las administraciones. "No se presentan proyectos, así que no vale esperar a que vengan. Habría que ir buscarlos", opina. A juicio de Carlos Guerrero, de CC. OO., "hace falta una política más intensa para promover la instalación de empresas en la zona y no tienen por qué ser ayudas directas". Asegura que buenas comunicaciones, banda ancha y carreteras adecuadas son condiciones que también permitirían atraer iniciativas.