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FALLECIERON 62 MILITARES EN 2003

La Fiscalía pide enjuiciar por imprudencia grave a quienes contrataron el Yak-42

Subraya que el siniestro "se produjo con un avión (...) que no reunía las condiciones mínimas de seguridad para un transporte de esta naturaleza", el traslado de tropas españolas destinadas en Afganistán.

EFE. Madrid Actualizada 14/01/2012 a las 09:48


La Fiscalía cree que hay indicios para llevar a juicio por imprudencia grave a los "responsables militares" de la contratación del Yak-42 que se estrelló en 2003 en Trebisonda (Turquía) con 62 militares españoles a bordo, al estimar que su "absoluta falta de diligencia" está en el origen del siniestro.

Así lo afirma el fiscal Fernando Burgos en un escrito remitido hoy al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en el que afirma que la actuación de los militares puede calificarse como imprudente "al estimarse la concurrencia de indicios que definen la culpa o imprudencia grave generadora de responsabilidad penal en relación con las 62 muertes producidas".

El informe ha sido entregado al magistrado solo dos días después de que éste diera un ultimátum al Ministerio Público para que solicitara el archivo de la causa, en la que se investigan las supuestas irregularidades en la contratación de la aeronave, o pidiera la apertura de juicio oral.

Grande-Marlaska mantiene imputados en este procedimiento a seis militares, entre ellos el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en el momento del accidente, Antonio Moreno Barberá; el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta Manella, y el jefe de la división de operaciones del EMACON, José Antonio Martínez.

Los otros dos imputados son los también miembros del EMACON Joaquín Yáñez y Alfonso Elías, así como el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN NAMSA.

La postura de la Fiscalía favorable a la apertura de juicio supone un cambio de criterio respecto al primer borrador elaborado por el propio Burgos, en el que se inclinaba por el archivo de la causa.

Burgos, que es teniente fiscal de la Audiencia Nacional, elevó hace varias semanas ese primer informe a su superior inmediato, el fiscal jefe de este tribunal Javier Zaragoza, y lo que iba a ser una solicitud de sobreseimiento se ha convertido en un escrito en el que se destaca "la concurrencia de indicios" del delito de imprudencia grave.

En el informe entregado al juez, la Fiscalía subraya que el siniestro del Yak "se produjo con un avión (...) que no reunía las condiciones mínimas de seguridad para un transporte de esta naturaleza", el traslado de tropas españolas destinadas en Afganistán.

Desde entonces, añade Burgos, la investigación se ha centrado "en la actuación de las autoridades españolas en relación con la organización, contratación, ejecución, vigilancia, inspección y supervisión del vuelo".

En este sentido, el fiscal aprecia "una conducta omisiva de los más elementales deberes objetivos de cuidado en el ejercicio de esas funciones, pese a tener conocimiento e irregularidades que caracterizaban los vuelos de esta clase que se ejecutaron en los meses anteriores con aviones de fabricación rusa", lo que hacía previsible "que el siniestro pudiera suceder".

El Ministerio Público sostiene también que "el adecuado cumplimiento de estos deberes" hubiera resultado determinante "a la hora de evitar el resultado producido".

Por todo ello, la Fiscalía pide al juez que continúe con el procedimiento según lo dispuesto en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a la preparación del juicio oral.

Esta causa es la única pieza pendiente relacionada con el accidente ocurrido en Turquía, ya que la que investigó las responsabilidades por la identificación errónea de los cadáveres de 30 de los fallecidos se cerró en 2009, cuando la Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez.
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