La Audiencia Nacional ya tiene en sus manos el expediente de ejecución de condena del general Vicente Navarro, castigado con tres años de prisión por los errores en las identificaciones de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42. La sección primera de la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ordenará en las próximas horas su encarcelamiento, según fuentes del tribunal.

Sin embargo, al general Navarro, que actualmente no se encuentra en activo, le quedaría una baza para eludir la cárcel. Pasa por recurrir en amparo su condena ante el Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia es favorable a admitir este tipo de recursos en el caso de que las penas sean inferiores a cinco años, como ocurre con el general Navarro. Los familiares de los militares pidieron la pasada semana a la Audiencia Nacional que ejecutase la condena a prisión al oficial retirado.

El Tribunal Supremo había considerado probado que las identificaciones de los cadáveres del accidente del Yak-42 se hicieron de manera aleatoria. El Alto Tribunal avaló así la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra Navarro, que será el primer militar de su graduación que ingrese en prisión en democracia. Ahora que el fallo es firme, Defensa deberá iniciar también los trámites para expulsar del Ejército tanto al general (condenado a tres años de cárcel) como a los dos oficiales médicos que colaboraron con Navarro, José Ramírez y Miguel Sáez (condenados a año y medio).

"Esa identificación, sin realizar actos que posibilitan la identificación del cadáver, es una mendacidad que al documentarse en un instrumento público integra la tipicidad del delito objeto de la sentencia", rezaba el fallo, que se hizo público el 28 de marzo. "En este sentido, el hecho probado refiere lo aleatorio de la identificación", añadía.

El Supremo, que desestimó todos los recursos de casación presentados tanto por los familiares de las víctimas como por los condenados, indicó que el general Navarro no realizó la identificación de treinta cadáveres, sino que asignó un nombre a una bolsa "haciendo parecer que los había identificado".

Los magistrados del Tribunal aseguraron también que Navarro lo trasladó a sus superiores y subordinados y, desde esa mendacidad, redactó los certificados de defunción de personas que, efectivamente, habían fallecido pero sin identificar el cadáver respecto al que había certificado su fallecimiento.

La condena

El 19 de mayo de 2009, la Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión al general Navarro por un delito de falsedad en documento oficial y al pago de una multa de 1.800 euros. Además le impuso el pago de una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias en concepto de responsabilidad civil.

El general de División del Cuerpo Militar de Sanidad se encuentra en la reserva desde junio de 2004 y fue el oficial médico de más alto rango que formó parte de la comisión técnica que envió el Ministerio de Defensa a Turquía para realizar las identificaciones de los fallecidos y que erró en 30 de las 62 identidades.