Nuevo varapalo de los jueces a Educación al ordenar que siga abierta la escuela de Caneto
Según el TSJA, la mayor parte del esfuerzo para subsanar los defectos lo han hecho las familias pero hay inversiones que exceden de su competencia y corresponden a la administración autonómica.
Los 21 niños de Caneto podrán seguir estudiando en su escuela sin tener que trasladarse a otro centro situado a 20 kilómetros. Así lo acaba de determinar el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en un auto dictado este martes en el que mantiene la medida cautelar acordada el pasado mes de enero. De esta forma, los jueces dan la razón a los padres, que recurrieron el cierre del centro decretado por el departamento de Educación el 7 de noviembre de 2023 y que tuvo a los niños sin escolarizar durante dos meses. La resolución judicial destaca el esfuerzo realizado por las familias para subsanar los defectos que motivaron la clausura frente al papel de las administraciones.
La escuela de este pequeño pueblo del valle de La Fueva lleva meses siendo objeto de un conflicto judicial y político. La consejería de Educación lo cerró con el curso ya iniciado alegando que "no consta la existencia de un centro educativo en Caneto" y justificando una larga lista de deficiencias en las dos aulas de madera donde se imparten clases. Los padres presentaron un recurso contencioso-administrativo y pidieron como medida cautelar la reapertura del centro, acordada por el TSJA el 19 de enero, que tuvo en cuenta el hecho de ser una escuela en una zona despoblada y que llevaba 5 años funcionando. Los jueces se reservaron la posibilidad de dar marcha atrás si no se subsanaban los defectos con riesgo para los menores, y pidieron a Educación aportar los informes necesarios para motivar el cierre.
En un nuevo auto conocido hoy, el TSJA, a la vista de los documentos remitidos por todas las partes, no ven motivo para alzar la medida cautelar que permitió reabrir la escuela por lo que se ratifica en la decisión de mantener el servicio educativo en Caneto. Sí pide a las familias un informe mensual sobre las subsanaciones que se vayan produciendo según el calendario indicado.
"Comprobamos que la mayor parte del esfuerzo de subsanación lo llevan a cabo los padres", dice el auto. Sobre el papel del Ayuntamiento de La Fueva, del que depende la aldea, señala que "se ha ofrecido a ayudar, sin concretar medida alguna". Y el mayor varapalo se lo lleva la administración educativa. "También apreciamos que hay defectos que precisan de una inversión que excede de lo que pueden asumir los padres, y que cae dentro de la decisión política de planificación educativa que recae en la administración autonómica", añade.
Según la apreciación de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, los defectos "que a primera vista pudieran comprometer en mayor medida la seguridad, se han subsanado o se van a subsanar en breve", y tampoco la Administración, añade, "nos ha dicho qué concreto defecto de los indicados en sus primeros informes no han sido subsanados y la relevancia del mismo". Además se han corregido "tanto los defectos estructurales, como los relativos a la seguridad laboral".
El departamento de Educación aportó al tribunal en febrero un informe de 200 páginas sobre los defectos para defender su decisión de cerrar la escuela, mencionando problemas en caso de incendio, de barreras arquitectónicas o de legalización de la instalación eléctrica y solar y el sistema de calefacción.
El informe se trasladó al Ayuntamiento de La Fueva pidiendo un calendario para resolver las deficiencias. La entidad local contestó señalando su posición favorable a la apertura del colegio y su intención de colaborar con la DGA y con la asociación de padres, pero dejando claro que sus competencias son limitadas y que la reforma es cosa del Gobierno de Aragón.
Por su parte, los padres detallaron una por una las deficiencias con un calendario para resolverlas. Aclararon que algunas ya han sido subsanadas, en otras aportan la solución o bien consideran que no hay nada que resolver. Por ejemplo, respecto a la presencia de estufas de leña, han adoptado medidas para evitar el contacto de los niños y mejorado la protección de los edificios contra el fuego, con chapas protectoras y barandillas envolventes.
Sobre el acceso de un vehículo de bomberos (la DGA alegaba que no hay un pista asfaltada) indicaron que tiene un ancho suficiente y el terreno está compactado, con espacio suficiente para maniobrar. Para acreditarlo se encargó un informe a la consultora Inagro. Además, precisaron, "la mejora de la resistencia al fuego implica obras que deben hacerse cuando no esté ocupada la escuela".
Para minimizar el riesgo de resbalones, se habían colocado bandas antideslizantes adhesivas en los suelos exteriores, y han tenido que aportar certificados de que las instalaciones cuentan con agua potable (el servicio existe desde octubre de 2019) y telefonía y telecomunicaciones. Según destaca el auto, "en relación a esta materia fue la propia administración quien dotó a las aulas de los servicios".
Sobre la existencia de un pastor eléctrico, los padres han aclarado al tribunal que se ha trasladado a la alcaldesa pedánea la necesidad de buscar una fórmula para evitar los riesgos que pueda suponer para los niños. También han encargado un informe sobre la caída de árboles "que estará en mes y medio" y "en una semana" se colocará la señalización del botiquín.
El departamento de Educación ha querido aclarar que acatará cualquier decisión judicial, y que el auto solo ratifica una medida cautelar, reversible si no se cumplen las condiciones, y habrá que esperar hasta la sentencia definitiva sobre el recurso contencioso interpuesto por los padres contra el cierre.
