El conflicto por el cierre de la escuela de Caneto se ha trasladado este jueves a las Cortes de Aragón. Padres y niños han hecho el viaje de casi 200 kilómetros desde la aldea repoblada del valle de La Fueva hasta Zaragoza para protestar en la sede del parlamento autonómico, donde a las 13.00 han logrado por fin ser recibidos por la consejera de Educación, Claudia Pérez, minutos después de que esta haya comparecido ante el pleno para dar explicaciones. "Mi cole no se va y nosotros tampoco", han gritado los niños. 

Todos los partidos de la oposición han reprochado a la consejera que optara por el cierre ante las deficiencias detectadas por la Inspección educativa, en lugar de tratar de regularizar la situación del centro. Incluso sus socios de gobierno de Vox creen que la clausura no es la solución y que supone un riesgo el traslado de los niños a Tierrantona, cabecera del municipio, por un puerto de montaña, en un viaje que dura 50 minutos. "¿Habría actuado igual si se tratara de cerrar un colegio en Zaragoza?", le ha preguntado el socialista Ignacio Urquizu.

Desde hace dos semanas, los 21 niños y niñas de la escuela de Caneto no van a clase porque las familias se niegan al traslado a Tierrantona, y han sido los padres quienes, por turnos, han asumido la educación de los menores. 

Hoy finalmente han sido recibidos por la consejera, quien ha prometido "una pronta solución", eso sí, "dentro de la legalidad". Al término del encuentro, en el que también ha participado el Ayuntamiento de La Fueva, Claudia Pérez se ha preguntado: "¿Quién hubiese sido el responsable en caso de un accidente en el aula de Caneto?". Entiende el malestar de las familias, "pero debemos velar por la seguridad de los niños y las niñas". Ha anunciado que el martes viajarán a Caneto representantes del departamento para reunirse con el Ayuntamiento y las familias. Estas valoraron que el encuentro abre "un acuerdo para el futuro pero no para el presente".

Gobierno de Aragón

El debate parlamentario

Claudia Pérez había comparecido una hora antes en las Cortes, donde ha asegurado que su antecesor, Felipe Faci, conocía las irregularidades, pero guardó el expediente de la Inspección durante cinco años en un cajón. El centro, ha reiterado, "nunca estuvo legalmente abierto". Ya en 2019 la consejería instó al alcalde de La Fueva a subsanar las deficiencias, "y hasta hoy". 

El informe realizado entonces revelaba la ubicación en terreno rústico, cuando la ley, según precisó la consejera, obliga a que sean suelos urbanizados, llanos y no inundables; no había vías pavimentadas por donde pudieran acceder los servicios de emergencia; tampoco constaba abastecimiento de agua potable o red de saneamiento; se calientan con una estufa de leña que hay dentro de las tres aulas de madera, sin informe de prevención de riesgos; y existe un pastor eléctrico para evitar la entrada de animales. 

Una inspección realizada en abril de 2023 constató que persistían las deficiencias. "No se cumplen las condiciones de seguridad ni pedagógicas, pero decidieron hacer la vista gorda, y mandar allí a tres profesores", ha dicho Pérez, quien ha mostrado su empatía con las familias y acusado a los anteriores gestores de tenerlas engañadas.

La oposición parlamentaria la ha criticado de no aportar soluciones para resolver problemas "burocráticos". Álvaro Sanz (IU) le ha reprochado que hasta hoy no haya recibido a las familias y le ha puesto ejemplos, como el colegio Ana María Navales de Zaragoza, donde se han resuelto las cuestiones urbanísticas. "Si en lugar de escuela de Caneto se llamara Salesianos de Caneto no estaría cerrada", ha dicho Andoni Corrales (Podemos).  

Por su parte, Tomar Guitarte (Aragón Existe) cree que la Comunidad Autónoma no puede permitirse el cierre de una escuela, y más en un pueblo que hasta hace unos años estaba vacío y ha resurgido, con 21 niños. "Si no está regularizada, trabaje en ello y no se limite a cerrarla", ha señalado, planteando la opción de incluirla en la excepcionalidad legal para centros de especiales características.   

Fermín Civiac (Vox) es partidario de "escolarizar en su pueblo a los niños de Caneto, porque no pueden ser menos que otros", pero al mismo tiempo ha reconocido "los graves defectos" de las instalaciones, que visitó esta semana. "La solución no es el cierre ni el transporte. Nadie consentiría que sus hijos viajaran por esa carretera", ha insistido, incidiendo en los argumentos de la oposición.

En nombre del PSOE, el diputado Ignacio Urquizu ve en el cierre "un ataque a la escuela rural". "¿Se cree que todos los colegios de Aragón son como los de Zaragoza?", le ha dicho a la consejera. "¿Habría actuado igual si se tratara de cerrar un colegio de Zaragoza?". Y en este sentido ha citado el ejemplo del María Zambrano de la capital aragonesa, donde se invirtieron 700.000 euros en medidas de protección. "Nadie se planteó que los alumnos fueran a otro centro", ha concluido.   

La consejera ha recibido el respaldo de su partido, el PP. Según la diputada Susana Gaspar, "la seguridad de los menores no estaba garantizada" y fue el anterior gobierno quien engañó a los padres "reiteradamente" por mantener abiertas unas aulas sin unas condiciones mínimas. 

Por la tarde, el PSOE y Podemos presentaron sendas iniciativas solicitando al Gobierno de Aragón que hiciera las gestiones necesarias para mantener abierto el colegio, pero PP, Vox y PAR las rechazaron.

Apoyo de Fapar

Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (Fapar) ha respaldado la existencia de la escuela y solicita que sea regularizada para poder continuar en su labor educativa. "La escuela actual requiere de una serie de intervenciones, adecuaciones y permisos administrativos cuya regularización, iniciada en el curso pasado, debe proseguir hasta concluirse y mientras tanto deben arbitrase las medidas excepcionales necesarias que garanticen la continuidad de la actividad educativa en Caneto, evitando el desplazamiento de los 21 niños y niñas", ha indicado en un comunicado.

La realidad de la España vaciada, a la que pertenece buena parte del territorio aragonés y la recurrente apuesta por la escuela rural, no puede ser, indica Fapar, "un argumentario vacío y manido que sirva solo para ocupar horas de discurso sin que tenga un traslado a la realidad". El cierre sin que haya mediado la opinión de las familias afectadas, es el ejemplo, añade, "de cómo no deben adoptarse decisiones". "No se puede resolver un problema generando otro mayor", concluye la federación de padres, que traslada su solidaridad a las familias afectadas a la vez que pide a la consejera de Educación que escuche a las familias y ponga toda la voluntad necesaria para mantener la escuela de Caneto abierta.