"Es difícil alojar a nuestros empleados"

Los ayuntamientos también tratan de poner coto a la proliferación de los pisos turísticos.

El alcalde de Panticosa (dcha), con el concejal de Turismo, José Pueyo, delante de la residencia donde construirán pisos de alquiler.
El alcalde de Panticosa (dcha), con el concejal de Turismo, José Pueyo, delante de la residencia donde construirán pisos de alquiler.
Verónica Lacasa

El sector de la hostelería ve un grave problema en las carencias del mercado de alquiler en las zonas turísticas. Cree que no beneficia ni al desarrollo de las campañas ni al asentamiento de población. «Es difícil encontrar alojamiento para nuestros empleados. Hasta los ayuntamientos intentan hacer viviendas», comenta Anabel Costas, vicepresidenta del sector de Hospedaje de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo.

Esta asociación y la Confederación de Hostelería y Turismo de Aragón buscan soluciones a un problema agravado por la proliferación de viviendas turísticas. Por ello, han presentado alegaciones al nuevo borrador del decreto del Gobierno de Aragón que las regula.

La Confederación pretende limitar su crecimiento desmesurado, ya que afecta a los alquileres ordinarios, plantea dificultades a los residentes para mantenerse en esas zonas y está provocando la eliminación de hoteles pequeños, al estar sometidos a una normativa mucho más exigente.

Las alegaciones también van dirigidas a evitar la competencia desleal. Consideran que todas las viviendas deberán estar convenientemente registradas y cumplir los requisitos proporcionales que se les exigen a los demás alojamientos turísticos. «Se trata de regular el mercado y que todos los alojamientos puedan competir en igualdad de condiciones, además de regular situaciones que se dan en poblaciones y que dificultad el acceso a la vivienda», señalan desde la Confederación de Hostelería de Aragón.

Los ayuntamientos también tratan de poner coto a la proliferación de los pisos turísticos. El primero en hacerlo fue el de Aínsa, que tramita un cambio en su plan de ordenación urbana para limitarlas, de forma que no podrán pasar del 10% del número total en un edificio, un 20% en el casco antiguo y los núcleos rurales del municipio. Se establecen otras condiciones, como el acceso directo desde la calle y la garantía de uso por parte de personas con movilidad reducida.

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