El Ayuntamiento de Fraga ha dado ya los primeros pasos en firme para proceder al desalojo de la parcela de Regiones Devastadas. En total, se trata de 17 hectáreas, situadas entre el cuartel de la Guardia Civil y el polígono industrial de San Simón, que son de titularidad municipal, pero que llevan varias décadas ocupadas por diferentes familias. La mayoría de ellas ha dado a estas tierras un uso agrícola. Hay algunas plantaciones de frutales y numerosos huertos y también aparecen varias casetas de campo, cobertizos y un invernadero.

El consistorio quiere recuperar estas tierras con un fin muy concreto. Su intención es ubicar aquí varios equipamientos de los que requiere la ciudad como un centro de Formación Profesional, un tercer instituto o un colegio de educación especial.

También le urge disponer de parcelas libres ante los planes de ampliación de la planta de la multinacional Becton Dickinson. Y es que el lugar es el ideal, por su situación, al discurrir junto a grandes nudos de comunicaciones, y por estar fuera de las zonas afectadas por el decreto de inundabilidad.

No es la primera vez que el desalojo de estas tierras forma parte de la agenda municipal. A lo largo de los años, han sido varios los alcaldes que han intentado llegar a acuerdos con los ocupantes y disponer de estos terrenos. No obstante, ninguno llegó a buen puerto, salvo en casos puntuales, en los que fueron recuperadas determinadas parcelas que sirvieron para llevar a cabo las ampliaciones anteriores de Becton Dickinson.

La empresa, la mayor de Fraga, con 750 empleados, linda con estos terrenos, que al finalizar la Guerra Civil pasaron a manos de la Dirección General de Regiones Devastadas -organismo creado durante la Dictadura- y que acabaron volviendo a manos de particulares con el consentimiento de la propia administración, que, aunque llegó a urbanizar la zona, nunca levantó nuevas edificaciones. Algunos de los ocupantes actuales descienden de los propietarios originales y otros, no. De hecho, a lo largo de los últimos años, han sido varios los vecinos de la zona que han aprovechado el desuso de estas tierras para acondicionarse pequeños huertos y casetas de campo.

Recurso de seis afectados

A finales del pasado mes de junio, el actual equipo de gobierno (PP) dio un paso definitivo al aprobar en sesión plenaria la recuperación de las 17 hectáreas, con el acuerdo del resto de formaciones y llegando a establecer además un plazo concreto para su desalojo: el 30 de septiembre. De los 18 ocupantes afectados, seis presentaron un recurso de apelación, que fue desestimado, pero sirvió para que fueron reconocidos como «poseedores de buena fe» y de acuerdo a esta consideración, pudieran optar a una compensación económica.

A la espera de un nuevo encuentro entre los responsables del Ayuntamiento de Fraga y los afectados, fuentes municipales explican que el acuerdo se asemejará al alcanzado cuando fue recuperada la última parcela dedicada a la ampliación de Becton Dickinson.

Los seis ocupantes que optaron por recurrir y que serán indemnizados comparten un perfil similar. Todos han dado un uso agrícola a sus tierras, con la plantación de frutales, almendros u olivos y además, la mayoría lleva varias décadas trabajando estas tierras. Para el resto de afectados, la intención del consistorio es crear una zona de huertos sociales, donde puedan seguir desarrollando esta actividad, pero «con un orden», tal y como señaló en su día la alcaldesa de Fraga, Carmen Costa.

"Deben ser generosos"

«La ciudad ha sido generosa con ellos dejándoles disfrutar de estas tierras y ahora, son ellos los que deben actuar de la misma manera», añadió la primera edil el pasado mes de junio, cuando anunció la intención del consistorio de recuperar estas tierras y avanzar en la creación de los nuevos equipamientos.

Dentro de ellos, y según sus propias palabras, el «más urgente» es el centro de Formación Profesional, con el fin de atender la demanda de mano cualificada de las empresas instaladas en el municipio, así como por la necesidad de evitar la fuga de nuevos talentos. Para hacerlo realidad, Fraga espera sumar la colaboración de otras administraciones públicas. A este equipamiento, también quiere sumar un tercer instituto, una residencia de estudiantes y un colegio de educación especial.

Además de quedar fuera de las zonas afectadas por el decreto de inundabilidad, la parcela de Regiones Devastadas está situada en un importante eje de comunicaciones, ya que está ubicada en la entrada oeste de la ciudad, junto a la antigua N-II, la A-131 (Huesca-Fraga) y la N-221 (Fraga-Sagunto).

Pedro Serveto, vecino de la capital del Bajo Cinca, es uno de los ocupantes con más arraigo entre los que figuran en la parcela de Regiones Devastadas de Fraga, que es de titularidad municipal y que el consistorio tiene previsto recuperar. De hecho, antes del estallido de la Guerra Civil, las tierras en las que ahora crecen sus frutales eran de su abuelo y tras quedar fuera de los planes de reconstrucción del régimen franquista, volvieron a manos de su familia.

«Para nosotros, siempre ha sido nuestra huerta y siempre hemos pensado que volveríamos a tenerla en propiedad. Hubo varios intentos de regularizar la situación, pero por unos o por otros quedaron en nada», explica el agricultor, que ahora asume que es posible que haya llegado la hora de renunciar a estas tierras y dejarlas en manos del consistorio. En su caso, se trata de algo más de una hectárea dedicada al cultivo de nectarina.

«Somos muy conscientes de que se trata del lugar ideal para que la ciudad crezca y además, los proyectos previstos son necesarios, pero hay que sentarse y hablar. Son tierras que hemos trabajado y cuidado durante años, donde hemos realizado importantes inversiones», indica. «No nos oponemos al desalojo, pero tampoco queremos que lleguen y nos echen sin más», añade.

Por esta razón, Serveto, junto a otros cinco ocupantes en su misma situación, presentaron un recurso frente al acuerdo inicial del consistorio, que, aunque fue desestimado, condujo a que fueran reconocidos como «poseedores de buena fe» y en virtud de esta consideración, lleguen a recibir una indemanización económica.

"Hay que facilitar el acuerdo"

A su lado, Javier Portolés, otro de los ocupantes, comparte postura. En su caso, lleva algo más de dos décadas trabajando estas tierras. Hace tan solo dos, realizó una nueva plantación de almendros. Tampoco él se opone al desalojo. «Los planes del consistorio son importantes. Se trata de un bien para el pueblo y por lo tanto, no podemos oponernos. Hay que facilitar el acuerdo», señala el agricultor, que, al igual que defiende el consistorio, es consciente de que es la zona «perfecta» para que la ciudad crezca.