El PP y los partidos del Gobierno instan a Olona a revisar los planes de la Red Natura
Las Cortes apoyan una moción tras las críticas surgidas contra las restricciones ambientales impuestas en el 28% del territorio de Aragón.
Aragón ha llegado tarde y mal al requerimiento de Europa de aprobar los planes de gestión de los espacios de interés comunitario incluidos en la Red Natura 2000. No solo ha tardado más de una década en hacerlo sino que el resultado ha provocado el malestar de amplios sectores sociales y políticos. Si hace unos días más de 30 municipios anunciaron el inicio de acciones legales contra los citados planes, que imponen severas restricciones a su desarrollo, este martes la petición de rectificación ha venido de las propias Cortes de Aragón, incluyendo los grupos que sustentan al Ejecutivo.
El Parlamento autonómico ha pedido una revisión de los planes elaborados por el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que encabeza el socialista Joaquín Olona. El responsable directo de su gestión ha sido el director general del Medio Natural, Diego Bayona (Podemos). La solicitud ha estado respaldada por casi todos los grupos, desde el PP a las cuatro formaciones que sustentan el Gobierno (PSOE, Podemos, PAR y CHA) y Ciudadanos. Solo Vox se ha desmarcado al abstenerse.
La DGA aprobó en enero 407 planes de gestión de la Red Natura, que afectan a 531 municipios y suman 1,3 millones de hectáreas, lo que representa el 28’5% de la superficie de la Comunidad Autónoma. En el caso del Pirineo este porcentaje es mucho mayor y abarcan la mitad del territorio.
Las Cortes instan al Ejecutivo a acelerar la revisión de los 407 planes "para mejorar su redacción", incluyendo la actividad económica y productiva del territorio y la correspondiente memoria económica, así como el instrumento de gestión financiera adecuado para compensar económicamente a los propietarios afectados. En segundo lugar, han reclamado un impulso del Plan Director, actualmente en evaluación ambiental, que incluya un marco general de regulación para garantizar y favorecer el desarrollo socioeconómico de los territorios.
La moción, debatida en la comisión de Agricultura, ha sido una iniciativa del PP, que ha aceptado la enmienda de los grupos que sustentan al Gobierno (PSOE, Podemos, PAR y CHA) para conseguir el máximo consenso. El diputado del PP Antonio Romero, promotor de la misma, ha reconocido que la gestión de estos planes llevaba mucho retraso e incluso motivó varias cartas de emplazamiento de la Unión Europea, con riesgo de sanción. Sin embargo, según sus palabras, esto no justifica "la chapuza" realizada y el perjuicio ocasionado al medio rural, vendiendo "un simulacro de participación ciudadana", pues no se ha tenido en cuenta casi ninguna alegación, "salvo las que les interesaban, que eran de grupos ecologistas".
La Dirección General de Medio Ambiente ha querido hacer en seis meses lo que no se hizo en 15 años, ha dicho Romero. "Han aprovechado esa circunstancias para sacar tajada, contentar a los ecologistas y castigar a la actividad económica". También ha criticado su carencia de rigor. "Son un corta pega de medidas, sin conocer el territorio, sin adaptarlas a la realidad, y de ahí la respuesta de más de 30 ayuntamientos, de todo signo político, que ya han iniciado acciones legales".
Según el diputado del PP, excluyen la actividad económica y priman el proteccionismo, cuando esos intereses deberían ser complementarios. "Dejan de lado al medio rural, sin escuchar a los ayuntamiento, todo son restricciones a la actividad, limitando la agricultura, la ganadería y la gestión forestal y sin contemplar compensaciones a los afectados", ha resumido.
Silvia Gimeno, del grupo socialista, ha recordado que en 2015 el consejero se encontró con "un gravísimo incumplimiento", porque los planes de gestión son una exigencia comunitaria. "No tenerlos nos podía llevar a perder fondos europeos", ha advertido. Pero ha recordado que "proteger no quiere decir impedir el desarrollo económico y social", incluido en el plan director, actualmente en evaluación ambiental.
Por Podemos, Nacho Escartín, le ha reprochado al PP su "dejación de funciones" durante años para la aprobación de los planes, cuyo objetivo es la conservación y la gestión de especies y de hábitats, pero donde también cabe la compensación por las limitaciones al territorio. Ha desmentido la falta de participación pero se ha mostrado partidario de modificarlos con tal de conseguir los máximos apoyos por parte del territorio.
Joaquín Palacín, de Chunta Aragonesista, ha insistido en el retraso y el riesgo de sanción y en que los espacios naturales "son motor de desarrollo y elemento de generación de actividad", pero el territorio que convive con estos espacios "debe estar lo más cómodo posible", con ese objetivo se ha aprobado la moción.
Por su parte, Esther Peirat, del PAR, cree que se ha priorizado el conservacionismo y no se ha tenido en cuenta a los sectores afectados. "Tenemos interés en conservar la naturaleza pero debemos buscar el equilibrio con la actividad productiva. Esto no tiene que ser contradictorio sino complementario".
El diputado Santiago Morón, de Vox, entiende que los planes perjudican gravemente al medio rural y ha dicho que se han impuesto las posiciones ecologistas más fundamentalistas, amparándose en la urgencia. En su opinión, debe primar la agricultura y la ganadería, "pero también la caza y la pesca", y la actual redacción excluye las compensaciones del lucro cesante y favorece la despoblación. "Son un corta y pega de los planes de Castilla y León".
Por último, Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, ha comentado que "Desde el minuto 1 se supo que esos planes eran un desastre". Como ejemplo ha citado la petición de la Diputación de Huesca pidiendo la derogación. Según él, los 531 municipios lo ven como un ataque intolerable a su autonomía local y una merma de su actividad económica. "Hay quejas generalizadas", ha indicado.
