La comisión de investigación abierta por el Ayuntamiento de Huesca sobre la gestión de la información por parte del alcalde ante las presuntas agresiones sexuales en las fiestas de San Lorenzo ha acabado como empezó. Cada grupo político se ha mantenido en las posiciones iniciales. El dictamen final, que debe aprobar el pleno el 27 de febrero, lo han apoyado el PSOE, Aragón Sí Puede y Ciudadanos, mientras que PP y Cambiar han votado en contra y han aportado sus propias conclusiones. Estos grupos reprochan al alcalde que no hubiera convocado concentraciones de protesta y creen que sabía que había una denuncia pero la ocultó para no alterar la celebración de las fiestas.

Pero este dictamen tiene los días contados, ya que aunque PP y Cambiar han perdido la votación (en las comisiones se aplica un voto ponderado) disponen de la mayoría de los concejales en el pleno (13 de 25), con lo que previsiblemente no darán respaldo al documento oficial.

El primer punto del informe determina que la gestión de la información fue acorde con la que se disponía en cada momento, “trasladada por la Subdelegación del Gobierno en Huesca”. Deja claro también que los hechos estaban bajo investigación de la Policía Nacional y que las autoridades y funcionarios municipales “están sujetos a un deber de sigilo profesional”, en referencia a la intervención inicial de la Policía Local en uno de los casos, que luego dejaron en manos del Cuerpo Nacional.

“El Ayuntamiento no es la administración competente en la gestión de la información sobre hechos presuntamente delictivo”, continúa, y aunque la atención a las víctimas no estaba en duda, recomienda “trabajar en la mejora de los protocolos de comunicación y de gestión de crisis”. Reitera la necesidad de revisar el protocolo de la red Raellas (Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de Agresiones Sexuales), por el que se deben convocar concentraciones cuando se produzca un caso.

“La prudencia, el respeto a las investigaciones policiales y la instrucción penal sobre hechos presuntamente delictivos y el cumplimiento del deber de sigilo deben presidir la gestión municipal de la información sobre este tipo de hechos, trasladando a la ciudadanía la información necesaria para evitar la alarma social, pero sin interferir en las actuaciones policiales y judiciales, compartiendo con la población el mensaje de rechazo de los actos de violencia de género, de violencia contra la mujer y de los delitos contra la libertad sexual, que vulneran la dignidad humana”, concluye el dictamen.

Nadie de fuera del ayuntamiento

Ha sido una comisión descafeinada, reconocen los grupos políticos. Solo han comparecido personas vinculadas al Ayuntamiento. La subdelegada y el comisaria de Policía no atendieron la citación ni se ha aportado documentación relevante al estar bajo investigación judicial. “Sabíamos que no iba a dar frutos porque cada uno de partida tenía una posición que no ha cambiado. Desde el principio hemos pensado que no serviría para nada o para poco”, ha reconocido el concejal socialista Fernando Gállego, que ha presidido las cuatro sesiones. El 3 de septiembre ya envió una carta al Instituto Aragonés de la Mujer para revisar el protocolo Raella, ya que cada localidad ha tomado una posición distinta, desde suspender las fiestas, como ocurrió en Binaced, hasta convocar concentraciones, como de hecho se hizo en Huesca un mes después a raíz de otra denuncia. “¿Por qué el Ayuntamiento es el que debe dar la noticia a la opinión pública si se produce una agresión sexual? Creo que no debería ser así porque podemos interferir en investigaciones abiertas”, ha declarado Fernando Gállego.

El Partido Popular se ha opuesto al dictamen oficial y ha propuesto otro alternativo que no ha prosperado pero que rescatará en el pleno del 27 de febrero. Su portavoz, Gerardo Oliván, sigue sin creer que la Policía Nacional no transmitió una información veraz a la subdelegada del Gobierno y que a su vez esta no la hizo llegar al alcalde. “El día 9 la Policía Local ya sabía que había un detenido y el día 11, que había denuncia. Todo nos lleva a deducir que el alcalde conocía la existencia tanto de un detenido como de una denuncia y lo ocultó a los ciudadanos”, ha manifestado Oliván. Para él, el problema no es la aplicación del protocolo de Raellas, “que también”, sino la existencia de “un rumor extendido por la ciudad y la obligación del alcalde de ofrecer tranquilidad a los ciudadanos contando la verdad”. La propuesta de dictamen, ha recordado, ha salido adelante porque el PSOE se niega a aplicar un voto proporcional en las comisiones.

Para Cambiar Huesca, socio de Luis Felipe hasta que esta polémica provocó el cese de sus cuatro concejales de los cargos de gobierno, el alcalde debería dimitir “por la gestión tan nefasta y por ocultar información”. Carmen García ha ido más allá y ha advertido de que este asunto “va a pesar en cualquier pacto después de las elecciones de mayo”. Cambiar Huesca ha presentado su propio dictamen, que solo votó su representante, Pablo Malo, quien sigue sin creer al alcalde.

El propio Luis Felipe ha valorado el cierre de la comisión lamentando “la utilización de temas tan sensibles para hacer desgaste político”. “Hice lo que tenía que hacer y transmití lo que a mí me transmitieron las autoridades competentes”, ha declarado.