Acusaciones y defensas, entre ellas la ejercida por el abogado Javier Vilarrubí, ultimaron este lunes un acuerdo previo al inicio del juicio que se había convocado para este martes por el caso de unas presuntas compras irregulares de material informático denunciadas por el Ayuntamiento de Monzón en 2011. La Audiencia de Huesca había citado hoy a los aspirantes a jurado para conformar un tribunal popular, pero finalmente no se constituirá tras el pacto alcanzado.

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía y la acusación particular, en nombre del Ayuntamiento de Monzón, habían pedido 9 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude y exenciones fiscales y negocios ilegales.

En concreto, se iban a sentar en el banquillo el exempleado municipal encargado de la compra y supervisión de la instalación de equipos informáticos en la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), los responsables de las dos empresas adjudicatarias del material y de los programas informáticos y la persona que elaboró la memoria para obtener el contrato. No había ningún responsable político entre ellos.

El acuerdo, que tendrá que ser ratificado hoy, plantea para todos condenas de menos de dos años y diversas cantidades económicas en concepto de responsabilidad civil.

El Ayuntamiento de Monzón presentó en noviembre de 2011 una querella criminal por presuntas irregularidades en los contratos de compra de material informático contra un exempleado municipal que fue responsable del mantenimiento de la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).

El caso fue denunciado por el Consistorio tras estudiar un informe del técnico informático de la oficina del SAC que relevó al querellado -que no había sido renovado en la primavera de 2011 por incumplir los objetivos- y que descubrió que muchos equipos adquiridos no funcionaban, otros se habían comprado supuestamente por encima de precio de mercado y varios programas y equipos comprados no se encontraban en el consistorio, según se exponía en la querella.

El equipo de gobierno de entonces, del PSOE, le pidió al técnico que documentara "todo lo que viera que era irregular y todos los programas que no se habían instalado", explicaron en su día fuentes socialistas. Dicho informe se trasladó luego al nuevo equipo de gobierno del PP, que fue el que finalmente interpuso una querella criminal por presunta malversación de fondos públicos "para exigir las responsabilidades que en derecho procedan y dar la máxima transparencia a la gestión del dinero", informó entonces el Consistorio.