Los ayuntamientos del Pirineo piden un cambio en la Ley de Aguas

La asamblea de Adelpa exige por unanimidad que los beneficios de los saltos hidroeléctricos repercutan en el territorio para compensar "los daños" sufridos por la explotación de sus recursos

Los alcaldes asistentes a la asamblea celebrada en Boltaña este sábado
Los alcaldes asistentes a la asamblea celebrada en Boltaña este sábado
Adelpa

En las cabeceras de los ríos del Pirineo (Aragón, Gállego, Cinca, Ésera y Noguera-Ribagorzana) se construyeron entre 1912 y 1977 no menos de 30 obras hidráulicas, entre presas y centrales de generación de energía eléctricas, instalaciones que generan el 5% de la producción total hidroeléctrica de España. Sin embargo, los municipios de las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza no se han beneficiado de esta riqueza, al contrario, contribuyó a su despoblación. Para tratar de revertir esta situación, los ayuntamientos, a través de la Asociación de Entidades del Pirineo Aragonés (Adelpa), van a solicitar la modificación de la Ley de Aguas.

La asamblea de la entidad, que agrupa a un centenar de municipios y a las cuatro comarcas, se ha reunido este sábado en Boltaña y ha acordado por unanimidad exigir que los territorios afectados por los aprovechamientos hidroeléctricos puedan gestionar los beneficios de los saltos revertidos al Estado. Y es que ahora mismo se quiere aprovechar la oportunidad de la caducidad de algunas concesiones que las empresas privadas tienen que devolver al Estado.

Los expedientes ejecutados hasta ahora en El Pueyo de Jaca, Bielsa, Campo o Lafortunada han sido favorables a la Confederación Hidrográfica del Ebro dejando al margen a los ayuntamientos, pese a que algunas de las infraestructuras pasan por terrenos de titularidad municipal. Las resoluciones de reversión firmadas por el Ministerio de Medio Ambiente (hoy de Transición Ecológica) determinan que quedan adscritos al organismo de cuenca todos los terrenos, obras y bienes y le da una autorización especial de dos años para la explotación, exigiendo que las saque a concurso para volver a manos privadas. Los ayuntamientos, en este proceso, no solo no ganan nada sino que pierden: a partir de ahora dejarán de cobrar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al pasar las centrales a ser de titularidad pública.

"Queremos que se abra la posibilidad de que, en lugar de acabar otra vez en manos privadas haya una gestión pública, ya sea local o autonómica, para que los beneficios vayan a la restitución territorial", ha declarado Marcel Iglesias, miembro de la comisión permanente de Adelpa.

La de este sábado era la asamblea número 20 y coincidiendo con esta fecha simbólica el debate se ha centrado en uno de los temas más sensibles para el Pirineo, como es el aprovechamiento de sus recursos naturales y especialmente el agua. La solicitud de modificación de la Ley de Aguas pretende atender una "reivindicación social" de los territorios donde se enclavan los embalses y que soportan su impacto ambiental.

Los ayuntamientos exigen, por un lado, que los expedientes de reversión de los saltos hidroeléctricos se tramiten "sin retrasos ni caducidades" y, por otro, que los beneficios "pasen a ser de titularidad pública a favor del territorio afectado", ya sean municipios, Comunidades Autónomas o comunidades de usuarios, "que los reinviertan en el territorio". La reforma legal también hace hincapié en mantener el Impuesto de Actividades Económicas. Para ello, además de la Ley de Aguas, sería necesario modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la Ley de Montes. La propuesta se trasladará a las Cortes Generales a través de los diferentes grupos políticos.

"Pese a que todas estas presas, tuberías, canales y centrales están en dominio público estatal y en muchos casos también discurren por montes de utilidad pública, la población de estos territorios nunca ha recibido beneficio alguno, soportando un coste ambiental y social que jamás se ha restituido", señala el acuerdo.

Censo de lobos y osos

Adelpa ha analizado asimismo la situación de la ganadería extensiva en el Pirineo. Se ha aprobado por unanimidad una propuesta para pedir a las administraciones competentes y sobre todo al Gobierno de Aragón medidas que garanticen esta actividad "como fundamental para el mantenimiento de la economía y ecosistema del Pirineo", en el marco de la PAC.

La presencia de depredadores como el oso y el lobo ha venido a agravar la situación, afirman, y reclaman que la Administración que introduce especies carnívoras "asuma los costes económicos". Adelpa va a pedir información sobre cuántos ejemplares de oso y lobo hay en el Pirineo aragonés, "y conocer sus últimas ubicaciones".

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