Victorino Alonso podría entrar en prisión por destruir el yacimiento neolítico de Chaves

La Fiscalía y la DGA piden que cumpla la condena de 2 años de cárcel por los daños causados, al no poder afrontar el pago de la indemnización. El Gobierno de Aragón se quedará con la finca de caza de 2.000 hectáreas, que no cubre la deuda. 

Victorino Alonso durante la vista oral en Huesca
Rafael Gobantes

La orden de entrar con una excavadora en la cueva de Chaves, destruyendo el yacimiento neolítico, le puede costar al empresario minero leonés Victorino Alonso su ingreso en prisión. La Fiscalía de Huesca y el Gobierno de Aragón se oponen a la suspensión de la pena y piden que cumpla los dos años de cárcel como autor de un delito contra el patrimonio.

El motivo es que no ha satisfecho los 25 millones de euros de indemnización que debe pagar a la DGA por los daños causados en el patrimonio histórico. La empresa Fimbas, de la que es dueño Alonso y declarada responsable civil subsidiaria, ha ofrecido como dación en pago su finca de caza de Bastarás, donde estaba el yacimiento, pero está valorada en 12 millones de euros y con esto no cubre ni la mitad de la indemnización. También se ha embargado parte de la pensión de Alonso, lo que ha sumado 17.000 euros en tres años.   

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca condenó a Alonso por un delito sobre el patrimonio histórico a las penas de dos años y seis meses de prisión y a una indemnización de 25.490.805 euros. La Audiencia Provincia la ratificó, aunque redujo la pena en seis meses. El 16 de febrero pasado, una vez que la sentencia era firme, se procedió a su ejecución, requiriendo a Alonso para que en 15 días pagara. Pero el plazo ha concluido sin haber satisfecho la cantidad. 

En vista de ello, la Fiscalía de Huesca ha manifestado su oposición a la solicitud del empresario de suspender la pena mientras se resuelve el incidente de nulidad de las actuaciones. Según la ley, este recurso no paraliza la ejecución de la sentencia. En segundo lugar, recuerda que "no ha satisfecho la responsabilidad civil". 

El Gobierno de Aragón, personado en la causa como actor civil, también se ha opuesto a esa suspensión solicitada. En el escrito remitido al juez con sus alegaciones, recuerda que con la reforma legal de 2015 ya no basta declararse insolvente para dar por cumplida la responsabilidad civil y beneficiarse de la suspensión de la pena. El empresario leonés tiene una declaración de solvencia parcial. En los últimos tres años ha pagado 17.538 euros, al tener embargada parte de su pensión, según acordó en su día el juez instructor para afrontar posibles daños. El magistrado de lo Penal ha decidido mantener el embargo con la finalidad de que el dinero posteriormente se destine al pago de la indemnización.  

Condena por defraudar a Hacienda

El representante legal de la DGA cree que Alonso debe responder con todos sus bienes y pide que se indague su situación patrimonial para ver si ha cambiado en los últimos tres años. Da un paso más al señalar que "habrá que investigar más allá de la apariencia declarada a efectos fiscales, puesto que existe previa condena por defraudación tributaria". 

El dueño de Fimbas y por lo tanto de la finca de Bastarás, ubicada en el municipio de Casbas de Huesca, cobra una pensión superior a 3.000 euros. Se le embargó una parte mínima, ya que se trataba de una medida cautelar. Ahora la DGA pide el ajuste del embargo de la pensión, sin perjuicio de que la sociedad mercantil responda como responsable civil subsidiaria. De lo contrario, señala la DGA, "se estaría incumpliendo doblemente con su responsabilidad civil y además podría verse libre de la condena privativa de libertad, por una declaración de insolvencia fundada en datos fiscales de un condenado por defraudación tributaria". 

La DGA se quedará la finca 

El Gobierno de Aragón sí acepta la propuesta de Fimbas de entregar la finca como pago "parcial" de la deuda y solicita "de manera inmediata" la inscripción a su nombre en el registro de la propiedad. Los terrenos están valorada en 12.665.639 euros. En la relación de propiedades aportada por la mercantil figuran 80 subdivisiones, una de 1.574 hectáreas y el resto de entre 3 hectáreas a 0,03. En total, 1.932 ha.

Sin embargo, recuerda la letrada de la Comunidad Autónoma, esto solo cubre una parte de la indemnización. También en este caso pide ampliar las indagaciones más allá de la investigación en el registro realizada en el periodo de instrucción para averiguar la situación patrimonial de la sociedad en los últimos años, desde el inicio de la causa. Entre otras cosas, solicita que se curse un oficio a la Agencia Tributaria, por si existieran subvenciones o devoluciones de IVA "o cualquier otra cantidad pendiente a favor de Fimbas, que en su caso deberían igualmente embargarse". Y es que la mercantil asegura que su único bien es la finca de Bastarás, pero tiene la sede social en Madrid y su objeto es la explotación de ganado. Según la DGA, podrían existir bienes y derechos embargables en otras comunidades autónomas. 

Curiosamente, el Gobierno de Aragón se quedará con la finca de caza de Fimbas, contra la que tiene abiertos seis expedientes sancionadores por infracciones a la Ley de Montes. La destrucción del yacimiento no fue la única tropelía cometida por Victorino Alonso, pues ensanchó pistas, eliminó vegetación, colocó vallado y otras estructuras metálicas, se excedió en la edificación de un almacén, roturó 120 hectáreas o construyó balsas para beber a los animales. Dos expedientes datan de 2008, dos de 2009, uno de 2012 y otro de 2013. Pero la infracción administrativa más grave fue contra la Ley de Caza, por introducir una especie exótica, el arrui, que le costó la anulación del coto. Esta se hará efectiva en 2019, ya que la DGA debe comprobar la captura de otras especies alóctonas y la reducción de las autóctonas antes de la retirada del vallado. Será en junio de ese año cuando se realice el censo final para asegurar que no quedan ni muflones ni gamos y que hay un máximo de 150 jabalíes y 50 ciervos, antes de retirar el vallado.

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