El juez de Sijena dice que le preocupó la seguridad de "las personas y los bienes" el día del traslado

El juez que ejecutó la sentencia de los bienes de Sijena ha asegurado que estaba preocupado por la seguridad de los funcionarios que la madrugada del 11 de diciembre entraron al Museo de Lérida para recuperar las 44 obras de arte y llevarlas al monasterio. Antonio Martín González temió por cómo se iba a producir la devolución, "por la situación en que quedaban los agentes de la Guardia Civil y los funcionarios del Gobierno de Aragón, porque ellos fueron allí a dar la cara", y también por la situación de las obras de arte, ya que, añadió, "había amenazas incluso de causar daños sobre los bienes".

Todo ello le provocaba "mucha intranquilidad", según ha reconocido en una entrevista a Aragón Televisión en la que oculta su rostro. El magistrado apenas estuvo dos meses en el juzgado número 1 de Huesca como sustituto. Su último día de trabajo fue el 11 de diciembre, el día que se produjo el traslado.

Martín González ha admitido que cuando llegó a asumir este puesto, el caso de Sijena le dio vértigo, que nunca ha recibido presiones y que su prioridad era ejecutar la sentencia. "Este procedimiento me ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas reuniones con los agentes de la Guardia Civil, muchísimas llamadas". Sus resoluciones están basada en tres providencias, "muy pensadas, muy medidas y muy repasadas".

En la primera, dictada el 15 de noviembre, apeló a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para pedir al ministro de Cultura y como tal responsable de la consejería catalana la entrega de las obras de Sijena. Unos días más tarde reiteró que enviaría a la fuerza pública a por los bienes, si Íñigo Méndez de Vigo desoía su requerimiento para cumplir con la ejecución provisional de la sentencia, facilitando la entrega de las 44 obras retenidas en el Museo de Lérida. Por último, el 7 de diciembre autorizó a la Guardia Civil a entrar incluso "por la fuerza" a partir de la medianoche del día 11, si antes no se había ejecutado la sentencia. Según el juez, sabía por informes policiales que el museo de Lérida no iba a facilitar la devolución.

Pese a todos los quebraderos de cabeza, y a la repercusión mediática de su actuación, dijo estar agradecido "por el inmenso cariño que me han demostrado los aragoneses".

Cabe recordar que la sentencia se dictó en abril de 2015 y desde entonces estaba pendiente su ejecución. Hubo una primera entrega el 26 de julio de 2016 y numerosos incumplimientos. Los abogados de Aragón habían requerido, sin éxito, la entrada en el Museo hasta en 26 ocasiones. Los letrados de la DGA y del Ayuntamiento han alabado la valentía de este magistrado, de larga trayectoria, que reside en Madrid y en los últimos años ha realizado varias sustituciones en la provincia de Huesca.