La Audiencia de Huesca absuelve al alcalde de Santaliestra de prevaricación y malversación

Los magistrados entienden que actuó en la fundada creencia que no estaba infringiendo ningún precepto por utilizar una subvención de la DPH para liquidar los créditos de unos vecinos contraídos por los pleitos contra el embalse.

Javier Mur, en el juicio que ayer comenzó contra él en la Audiencia de Huesca.
Javier Mur, en el juicio que ayer comenzó contra él en la Audiencia de Huesca.
Rafael Gobantes

La Audiencia Provincial de Huesca ha absuelto al ex alcalde de Santaliestra, Francisco Javier Mur, de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por los que se enfrentaba a una petición de 5 años de prisión. Mur fue juzgado hace dos semanas por haber utilizado 96.833 euros de una subvención de la Diputación, en 2006, para liquidar seis créditos de vecinos, entre ellos el de su padre, contraídos por los pleitos contra el embalse que se proyectaba en el municipio.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha informado de que la sentencia considera que el acusado actuó en la fundada creencia de que no estaba infringiendo ningún precepto, y  que la confusión de intereses y acciones entre el Ayuntamiento y los vecinos bien pudo producir en el acusado la errónea creencia de que estaba actuando dentro de la legalidad.

Argumentan los magistrados también, tras el estudio de la documentación aportada, que contaban con el compromiso de la Comisión del Agua de que se buscarían “fórmulas para compensar los gastos derivados de los procesos judiciales emprendidos por los habitantes de Santaliestra contra el justiprecio del proceso de expropiación”.

El fiscal y la acusación popular, impulsada por otro grupo de vecinos a los que no se compensó por los mismos gastos, solicitaban 5 años alegando que nunca hubo un acuerdo plenario para avalar tal decisión ni se ha demostrado documentalmente que tuvieran intención de devolver el dinero. El Ayuntamiento no los reclamó hasta el 2016, y ahora ya los ha cobrado.

Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Ángel Cabrero, pidió la absolución y enmarcó la denuncia en una campaña «de acoso y derribo» de los querellantes porque ellos no cobraron. Y sostuvo en el juicio que no podía haber prevaricación cuando dictó la resolución «confiando en que actuaba correctamente» y con informe favorable del secretario. «El alcalde no tiene estudios, ha sido peón de carreteras y ahora es capataz», señaló en su intervención final.

Cabrero aseguró que desde que se presentó la denuncia en 2010, Mur había sufrido un calvario porque no ha podido dormir tranquilo ni se pudo volver a presentar al cargo de  alcalde, un puesto que ocupó entre 1999 y 2015.

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