La Audiencia de Huesca se ha asegurado de que Walter Gerome Carvajal se siente ante un jurado popular para responder del asesinato, el 5 de abril de 2003 en el núcleo de Aler (Graus), del holandés Johan Engel, con quien había contraído una deuda y al que disparó con una pistola con silenciador. Un auto dado a conocer ayer, un día después de que la Policía lo llevara ante el tribunal y pusiera así fin a una fuga de casi nueve años, decreta prisión provisional comunicada y sin fianza, "con el fin de asegurar su comparencia", señalando al mismo tiempo el 6 de marzo de 2017 para el comienzo del nuevo juicio oral.

Un jurado lo declaró culpable en 2006 de un delito de asesinato y de dos de tenencia ilícita de armas. El autor confeso del crimen fue condenado a 18 años y seis meses de prisión. Pero un año después el Tribunal Supremo revocó el fallo al considerar que no estaba debidamente justificado y obligó a repetir la vista. Al llevar más de cuatro años en prisión provisional, se decretó su libertad con la obligación de comparecer todos los días en un juzgado.

Carvajal incumplió la libertad condicional y huyó al Caribe, desde donde enviaba postales en tono jocoso a los magistrados de la Audiencia. Se puso fecha al segundo juicio, pero él ya no se compareció. Su escapada acabó el pasado mes julio al ser detenido en Toulouse. Tras conceder la extradición, Francia lo devolvió a España y el 9 de septiembre ingresó en el centro penitenciario de Figueras, desde donde fue trasladado a Zuera.

Con "los antecedentes" del acusado, la Audiencia considera suficientemente justificado que siga en la cárcel. Añade que existe un riesgo de fuga dadas las elevadas penas a las que se enfrenta. El incumplimiento de las medidas de la libertad condicional y su huida constituyen "un supuesto excepcional que justifica la prisión provisional hasta la celebración del juicio", tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando el investigado o encausado deje de comparecer ante cualquier llamamiento.

El auto atiende así la petición del Ministerio Fiscal y rechaza la solicitud de la defensa. La abogada del acusado, Carmen Sánchez, pidió la libertad dado que en su día se agotaron los plazos de prisión provisional.