La DGA volverá a intentar que Inquinosa pague por daños medioambientales

El Gobierno aragonés ha acordado volver a intentar cobrar la indemnización de 6,4 millones de euros a la que fue condenada la industria química Inquinosa por los daños que causó al medioambiente con vertidos de lindano desde la planta que gestionó en Sabiñánigo (Huesca) entre los años 1975 y 1989.

Así lo ha confirmado este martes el consejero de Presidencia del Ejecutivo aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, al término del Consejo de Gobierno en el que se ha acordado, a instancias de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y con el visto bueno de los servicios jurídicos autonómicos, solicitar la ejecución de la sentencia condenatoria.

Inquinosa y su representante legal durante el tiempo en que la empresa estuvo activa en Aragón, Jesús Herboso, fueron condenados en abril de 2003 en vía civil por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca al pago de la referida cantidad al entender que con sus vertidos causaron riesgos para la salud humana.

El tribunal impuso una multa a Inquinosa de 4,6 millones, cantidad en la que fueron calculados los costes de sellado de los vertederos de Sardás y Bailín, y otra de 1,8 millones a Herboso por un vertido puntual a un barranco próximo al río Gállego, de cuyo pago hizo responsable subsidiario a la empresa.

La sentencia fue confirmada en octubre de 2004 por la Audiencia de Huesca y en julio de 2009 por el Tribunal Supremo, aunque los primeros intentos del Gobierno aragonés de hacer efectivo el pago de la indemnización fueron fallidos al carecer la empresa de un domicilio legal al que dirigirse y desconocerse sus bienes.

Ahora el Gobierno aragonés quiere volver a intentar cobrar la cantidad de la condena así como los costes judiciales que supuso a la administración todo el proceso, cifrados en unos 100.000 euros.

En los próximos días, los servicios jurídicos del Gobierno aragonés se dirigirán al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca, el primero en intervenir en el proceso, para interponer una demanda de ejecución de sentencia y confiar en la posibilidad de cobrar la indemnización.

Fuentes citadas de la Administración autonómica han asegurado que si finalmente se consigue hacer efectivo el cobro, solo los intereses legales del tiempo transcurrido desde el momento en que se interpuso la demanda, en el año 1996, podrían constituir una cantidad mayor que la indemnización original.

Estas fuentes han admitido que el cobro de esta indemnización plantea numerosas "dificultades" ya que Inquinosa desapareció de los registros empresariales españoles durante el proceso judicial instado por el Ejecutivo aragonés.

La decisión de continuar, sin embargo, con las acciones legales ya motivó en mayo de 2012 una reunión entre responsables de la Dirección General de Calidad Ambiental y los servicios jurídicos del Ejecutivo aragonés.

En dicho encuentro, según las referidas fuentes, los responsables de los servicios jurídicos recomendaron la contratación de una sociedad especializada en la investigación y rastreo de industrias y de patentes.

Aunque el Ejecutivo autónomo había desistido unos años antes de perseguir a la industria química debido a las dificultades que planteaba su localización, desde el Departamento de Calidad Ambiental se insistía desde 2012 en que Inquinosa debía pagar por unas afecciones que siguen originando gastos a Aragón.

Los rastreos previos realizados entonces por los propios servicios jurídicos autonómicos permitieron constatar que Inquinosa continuaba su actividad en Rumanía con otro nombre.