El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, informó este martes en el Congreso que la Fiscalía ha detectado indicios de delito contable en dos contratos tramitados por el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca, formado por PSOE y PAR. En concreto, afectan a la modificación del contrato por el que se adjudicó la construcción del Palacio de Congresos y a la licitación del centro de recursos tecnológicos e industriales de Huesca.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas –que enviará el caso a la Sección de Enjuiciamiento si hubiese un delito exclusivamente contable o lo desviará a un juzgado aragonés si observa posibles irregularidades penales– investigará si alguien de anteriores equipos municipales incurrió en un delito al favorecer un procedimiento por el que una obra que inicialmente iba a costar 13 millones se disparase por encima de los 30 millones. Según informó este martes en el Congreso, los indicios delictivos apuntan al primer contrato, que llevó después a tener que hacer modificados. Según se informó, la Fiscalía estaría analizando las "deficiencias observadas en el contrato que determinaron la necesidad de redactar un modificado".

En cuanto al contrato para la construcción del edificio del centro de recursos tecnológicos e industriales de Huesca, la Fiscalía estaría estudiando irregularidades en su tramitación "así como en la justificación de la realización de la prestación del contrato". En este caso, es una de las obras que se impulsaron a través del Plan E.

"En diligencias preliminares"

Según informaron este martes, en este momento la Fiscalía del Tribunal de Cuentas –que tiene el mismo rango especial que la Fiscalía Anticorrupción– está tramitando "las diligencias preliminares" ante los indicios de que se ha podido cometer irregularidades en ambas obras. Una vez que esta Fiscalía recoja toda la información y solicite las declaraciones que considere necesarias, decidirá si lo archiva, si lo envía a la sección de enjuiciamiento o si lo traslada a un juzgado oscense al apreciar en el transcurso de su investigación otro tipo de delitos.

En cuanto al debate que se propició en la comisión Congreso-Senado que analizó la gestión del Ayuntamiento de Huesca entre 2008 y 2011, el senador del PP, Antonio Romero, censuró especialmente la "improvisación, falta de control y despilfarro" que tuvo el anterior equipo de gobierno con esa obra. Romero resaltó que "Huesca necesitaba un palacio de congresos, pero está claro que no el que impulsaron sino otro diferente". El senador recordó que el desfase millonario está condicionado aún las cuentas municipales.

Desde el PSOE, el diputado Víctor Morlán, aseguró que en esa obra "se cumplieron todas las prevenciones legales". Además, resaltó que en el informe, el Tribunal de Cuentas destaca que la situación financiera de las cuentas municipales era "aceptable".

El diputado de CHA por La Izquierda de Aragón, Chesús Yuste dijo que pudo ser "una obra legal, pero inmoral". Yuste, que recordó que fue impuesta por un gobierno PSOE-PAR, indicó que "respondía a la megalomanía de la gente que formaba ese gobierno".

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