El de los tribunales es el único movimiento que hay sobre el solar de las harineras de Huesca, donde se proyectaba la construcción de 1.300 viviendas. Con las plusvalías de la venta de los pisos se pagarían las indemnización a las fábricas por su cese de actividad y derribo, según el convenio firmado hace nueve años entre el Ayuntamiento y los propietarios del suelo, ocho hectáreas en pleno centro urbano. Pero su desarrollo continúa bloqueado y, a medio plazo, no se prevén cambios.

La última intervención llevada a cabo en el solar fue el año pasado, cuando se derribaron las naves de Inmobiliaria Buil tras un largo proceso judicial con el Ayuntamiento de Huesca. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) se ha pronunciado recientemente sobre el recurso de la propiedad al decreto de Alcaldía que ordenaba el cumplimiento de una sentencia de mayo de 2014, que ordenaba demoler esos edificios por parte de sus dueños.

Buil, que no recurrió la sentencia pero sí presentó demanda contra el decreto de Alcaldía que le obligaba a cumplirla. En marzo de 2016, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Huesca desestimó el recurso. El demandante consideraba que el coste del derribo de las naves en ruina debía estar a cargo de la junta de compensación del polígono. Pero los tribunales consideraron que este proceso no podía enmarcarse en la actividad urbanizadora del solar, que sí debe costear la junta. Por ello, era la propiedad la que debía pagarlo.

La representación legal de Inmobiliaria Buil insistió en que estos derribos entraban en el convenio, aunque las sentencias se ampararon, en primera y segunda instancia, en el deber de conservación de la propiedad. A pesar del recurso de apelación ante el TSJA, la propiedad decidió llevar a cabo la demolición porque el Ayuntamiento había iniciado ya la ejecución subsidiaria. En el caso de que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón hubiera sido favorable, se hubiera podido recuperar ese dinero.

Es uno de los muchos capítulos de la historia del solar de las harineras de Huesca, que incluye una explosión y la trágica muerte de cinco personas en 2005 en Harinas Porta. El propio José Buil, presidente de la Federación de Asociaciones de la Construcción (FAC) de Huesca, se puso al frente de la junta de compensación, pero cumplidos los dos años en su cargo lo dejó Nadie se presentó. Este marzo, afirmó que el problema para el desarrollo de este suelo son las indemnizaciones que hay que pagar por el traslado o desaparición de las fábricas. "Son 40 millones de euros y el polígono como tal no lo puede absorber", dijo entonces José Buil. Entre las soluciones para dar salida a esta situación estaría rebajar esas indemnizaciones o la cesión de suelo al Ayuntamiento. "Los que no nos moveremos somos los propietarios porque no tenemos capacidad", apuntó.