La mejora de la carretera entre Aínsa y Arcusa lleva tres años paralizada por orden judicial

Una orden de suspensión cautelar dictada en septiembre de 2015 por el Juzgado Contencioso-Administrativo de Huesca mantiene paralizado el proyecto para mejorar los casi 20 kilómetros de la carretera que une Arcusa y Aínsa (9 de ellos ya están reformados), concebida para vertebrar los numerosos núcleos de este término municipal. Pese a que la Diputación Provincial de Huesca, promotora de la obra en nombre del Ayuntamiento de Aínsa, ganó el pleito puesto por unos vecinos, al estar recurrido el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y no ser firme la sentencia, se mantiene la suspensión temporal.

La DPH, a petición del Ayuntamiento, ha intentado levantarla varias veces y ahora ha vuelto a reiterar la petición al juzgado, proponiendo como solución para desbloquear la mejora, reanudar las obras sin tocar el tramo más conflictivo, la variante de Guaso. Según los servicios jurídicos de la institución, la paralización supone "una perturbación grave de los intereses generales", ya que el proyecto servirá para mejorar la vialidad y seguridad de la carretera, de 20 kilómetros.

La Aínsa-Arcusa (A-2225) une esta localidad, en un eje norte-sur, con el núcleo de Guaso, donde tuerce para conectar con Boltaña por una parte y con Aínsa por otra. Pese a ser de titularidad de este Ayuntamiento, el proyecto lo realizó y lo financia la Diputación, dentro de sus funciones de asistencia y cooperación económica con los municipios. Ya se trabajó en una parte, hasta el puente sobre el río Ena en Latorrecilla, pero falta desde allí hasta el cruce de Guaso, y después los dos ramales.

La paralización de las obras se debe al recurso contencioso-administrativo presentado por cuatro vecinos contra el proyecto, en desacuerdo sobre todo con el paso de la variante que se prevé en el núcleo de Guaso. El juzgado, en una sentencia de noviembre de 2016, dio la razón a la Diputación Provincial, pero el fallo se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Entretanto la sentencia no sea firme, el juez mantiene la medida cautelar decretada desde septiembre de 2015. Las dos solicitudes de levantamiento de la misma instados por los servicios legales de la Diputación han sido desestimados, y de momento con la conformidad del TSJA en cuanto a la paralización temporal.

En el fallo de 2016, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso de los cuatro particulares contra la aprobación del proyecto. Los recurrentes alegaban que se prescindió del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Acusaban a la Diputación de dividir el proyecto de 18 km en cuatro tramos, entre los que se encontraba el tramo II, objeto de la impugnación, para no tener que someterlo al procedimiento, y al mismo tiempo que no era una modificación del trazado sino de la ejecución de una carretera nueva convencional. Y es que se presentó al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en dos tandas: los tramos I y II, que suman 9,1 km, y los tramos III y IV,  de 9,8 km. En ambos casos, en 2010, el Inaga respaldó que no era necesaria la evaluación de impacto.

El juez concluyó que con independencia de si la obra se fraccionó o no, el tramo nuevo no alcanza ni los 2 kilómetros, "y que por tanto no se observa en la actuación que se haya dado en absoluto una modificación del trazado en una longitud de más de 10 km". Por lo tanto, no se cumplía ningún supuesto que exija que la actuación venga precedida de una evaluación ambiental.

Pese a dar la razón a la Diputación, el juez mantuvo la petición de los vecinos de paralizar cautelarmente la obra mientras la sentencia no sea firme. Recientemente, la corporación provincial ha presentado una propuesta alternativa para poder reanudar las obras, salvo en lo que afecta a la variante de Guaso. El juez todavía no se ha pronunciado a este respecto. Es la primera vez que una obra de la Diputación se paraliza por un proceso judicial, ya que normalmente en la obra pública se prima el interés general.

"Ayudará a asentar población"

Es el Ayuntamiento de Aínsa el que ha insistido para finalizar el trazado. "Se trata del eje vertebrador de todo el municipio, una vía de unión entre la cabecera y sus pueblos (hay 25 habitados), que acortaría el trayecto y creemos que ayudaría a asentar población", explica Enrique Pueyo, el alcalde. También acercaría Aínsa a la sierra de Guara.

Según asegura, quienes se oponen son unos vecinos que dicen que pasará cerca de sus dos viviendas, una de ellas una antigua borda, "de segunda residencia". "Hemos propuesto que, aunque se mantenga paralizado este tramo, se puedan hacer obras en el resto", aclara.