El amplio despliegue policial en un pueblo okupa de Huesca llega al Congreso

El amplio despligue policial en un pueblo okupa del municipio de Caldearenas, con motivo de la paralización de una obra no autorizada, ha motivado la intervención de Podemos, que ha pedido explicaciones en el Congreso de los Diputados al Ministerio del Interior. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto en Artaso, un núcleo propiedad de la Comunidad Autónoma.

Además de las preguntas formuladas por el diputado de la formación morada Jorge Luis Bail, los vecinos se han dirigido al Ayuntamiento de Caldearenas, que ha solicitado una reunión con el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona.

Artaso no es el único núcleo repoblado del municipio de Caldearenas. En Sieso de Jaca hay 27 personas registradas, mientras que se desconoce el número de residentes en la primera. Son dos ejemplos de pueblos a los que hace unos años llegó el movimiento okupa, que se extendió a 12 de los 44 núcleos de la DGA.

El desencadenante de la intervención policial se debió al inicio de una obra nueva en Artaso, no permitida por el Gobierno de Aragón. Según explica el diputado de Podemos en el escrito dirigido al Congreso de los Diputados, aludiendo al testimonio de los pobladores, se organizó un operativo compuesto por "agentes forestales, cuatro vehículos de la Policía Nacional con equipación antidisturbios, un vehículo con dos agentes del CPN de paisano y un camión del Ayuntamiento de Caldearenas con tres empleados municipales, que aunque acudieron, no salieron del vehículo".

Jorge Luis Bail se apoya en lo que contaron los testigos tras preguntar a los agentes para decir que se trataba de un operativo organizado por los forestales, quienes explicaron que las incautaciones tenían como objeto paralizar la construcción y solicitaron la identificación del responsable de la obra en sus oficinas de Sabiñánigo al día siguiente. Esta se ha ido retrasando en diversas ocasiones porque, según el escrito presentado en el Congreso, "conllevaría la denuncia no solo por la obra, sino por la ocupación del espacio público durante todo el proceso".

El parlamentario señala que durante los últimos 8 años el Gobierno de Aragón ha tenido conocimiento a través de los forestales, mediante la identificación de personas y vehículos, de la presencia en Artaso, ya que el proyecto de rehabilitación comenzó en 2010. Antes del asentamiento, los repobladores elaboraron una propuesta pidiendo una estimación de los plazos para una posible cesión, y se les respondió que entre 3 y 4 años. Por ello, dice, "los promotores optaron por comenzar sin la autorización, por lo que, según la DGA, la cesión se detuvo".

Le pregunta al ministro del Interior en base a qué antecedentes se dimensionó el operativo policial "hasta dicha magnitud", cual fue su coste económico, si existió comunicación previa a las incautaciones y qué documento u orden judicial se presentó.

El alcalde de Caldearenas, Primitivo Grasa, explica que "habían empezado una obra nueva y la DGA no les deja, así que les decomisaron los materiales". Dos afectados fueron al ayuntamiento a quejarse, así que se decidió pedir una reunión con el consejero "para que hablen ellos y también el Ayuntamiento, pero no nos han contestado". El primer edil dice que en la intervención policial "únicamente nos pidieron colaboración y les dejamos un camión, nosotros no pintamos nada ahí".