Cambian de cárcel al presunto asesino de la niña Naiara para evitar que sea agredido

Iván P.P., acusado del asesinato de su sobrina política, de 8 años, tras someterla a una larga sesión de torturas, pasó del centro penitenciario de Álava al de Dueñas, que se llevó a cabo el pasado 23 de junio.

Iván Pardo
Sabiñánigo llora a Naiara, la niña que pagó con su vida la ira de un psicópata

Instituciones Penitenciarias ha trasladado a la prisión de Dueñas (Palencia) al presunto autor del asesinato de la niña Naiara en la localidad oscense Sabiñánigo a fin de garantizar su seguridad personal frente a posibles agresiones.

El traslado desde el centro penitenciario de Álava al de Dueñas se llevó a cabo el pasado 23 de junio, según consta en la comunicación por escrito remitida por el director de esta prisión a la titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Jaca encargada de la investigación.

El escrito señala que el motivo del traslado está vinculado al cumplimiento del artículo 75 del Reglamento Penitenciario, que permite, a solicitud del interno o del propio director de una cárcel, adoptar medidas "cuando fuere preciso para salvaguardar la vida o la integridad física del recluso".

La citada normativa establece que mediante una resolución motivada se propondrá a la dirección de un centro el traslado del recluso a otro establecimiento similar, a fin de posibilitar el levantamiento de las limitaciones impuestas al régimen de vida ordinario de un recluso, y por tanto, garantizar su protección.

Fuentes judiciales han destacado que este artículo se utiliza para resolver situaciones que afectan a la seguridad y al "buen orden" del día a día de un centro penitenciario, y que requieren de "soluciones inmediatas".

Estas fuentes han añadido que entre los reclusos existe un "código carcelario tácito" que hace susceptibles de ser agredidos los convictos o preventivos por delitos de violación o agresión a menores, así como de los considerados chivatos o que acumulan deudas por drogas en el interior de una cárcel.

El periplo de Iván P.P. por varias cárceles tiene su origen en la consideración por parte de la población reclusa de la gravedad de la conducta que se le imputa, el asesinato de su sobrina política, de 8 años de edad, tras someterla a una larga sesión de torturas.

Mientras tanto, la jueza encargada del caso continúa a la espera de practicar otras pruebas para cerrar la instrucción y someter a juicio al procesado, así como a la abuelastra y al padrastro de Naiara, cuya imputación solicitó el pasado mes de mayo el fiscal por presuntos delitos de violencia psíquica y física habitual y contra la integridad moral y torturas.

En este escrito, el ministerio público solicitó además la transformación de las diligencias previas de investigación en un procedimiento para un jurado popular, al ser competencia de éste el enjuiciamiento de los delitos de homicidio y asesinato.

La magistrada, que aún prevé volver a llamar a declarar a la abuelastra y al padrastro de Naiara, no se ha pronunciado todavía en relación a esta petición del fiscal.

La petición de imputación de la abuelastra, que en su primera comparecencia judicial rechazó hablar y se limitó a decir que lo haría "más adelante", se deriva de un informe del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil que detecta rastros genéticos de esta mujer en una camiseta de la niña y en una toalla localizadas en el escenario de los hechos.

Tras el crimen, ocurrido ahora hace un año, la abuelastra perdió la tutela de dos nietas menores de edad que vivían con ella y el presunto asesino y que, supuestamente, fueron obligadas a participar en las torturas sufridas por la niña.

Estas dos niñas, entrevistadas posteriormente por dos psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), llevaron a las especialistas a concluir que el estilo parental de la abuela tendió de forma continua y habitual al autoritarismo con sus hijos y sus nietas.

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