Han pasado 10 años desde que el Ministerio de Medio Ambiente autorizara la reversión de los bienes expropiados para el embalse de Jánovas, una vez descartada su construcción, pero los afectados todavía no han recuperado las tierras en su totalidad, de forma que la injusticia de la que fueron víctimas se perpetúa. Así lo ha entendido el Congreso de los Diputados, que este martes ha aprobado una proposición no de ley, a iniciativa de Podemos y enmendada por el PSOE, con un texto consensuado. En ella insta al Ministerio a ofrecer a los afectados “una disculpa pública” reconociendo “el daño cometido y la inacción por parte de la administración durante todos estos años”.

Todos los grupos representados en la comisión de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente respaldaron la iniciativa, salvo el PP, que se abstuvo. Reclaman al Gobierno el desbloqueo del proceso de reversión de las propiedades a los vecinos, forzados hace medio siglo a abandonar sus casas y sus tierras, y el reconocimiento del principio de menoscabo, es decir que no tengan que pagar el precio con el IPC actualizado sino que se admita la pérdida de valor de las propiedades, consumidas por el paso del tiempo y casi todas en ruinas.

"Muchas cosas ya no las conseguiremos, pero al menos que acepten que metieron la pata", ha manifestado Óscar Espinosa, de la Fundación San Miguel de Jánovas, en nombre de los afectados, respecto a la petición de una disculpa pública. "No esperaron a sacar a la gente hasta que estuvieran hechas las obras, porque la gente no importaba. Ahí sí hay una responsabilidad, y cualquier gobierno democrático debería pedir disculpas por la manera de echar a los vecinos", ha añadido.

La reversión dio lugar a casi 130 expedientes, de los cuales ya se han firmado el 60%. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, a fecha del mes de enero se habían devuelto 301 fincas. En Jánovas está en marcha la rehabilitación de cuatro casas, y pronto se sumarán otras tres.

Casas dinamitadas y devastación

La proposición aprobada en el Congreso de los Diputados recuerda cómo a mediados de los años 60, los habitantes de Jánovas, Lavelilla y Lacort fueron expulsados de sus casas y expropiados, incluso dinamitando sus hogares, para llevar a cabo el proyecto del embalse y salto hidroeléctrico de Jánovas, que jamás llegó a ejecutarse, al no superar el estudio de impacto ambiental. Iberduero acabó vendiendo sus derechos a Endesa, y finalmente en el 2005 el proyecto quedó anulado. Tres años después, se dio luz verde a la reversión de las propiedades. Actualmente, el proceso se encuentra estancado, señala el documento aprobado por los parlamentarios.

La proposición no de ley insta al Gobierno de España al cumplimiento del artículo 55 de la ley de expropiación forzosa aplicando la valoración del menoscabo, que tenga en cuenta la ruina actual de los inmuebles, la devastación de los servicios públicos y el abandono de los campos. “En estos momentos, no se ha reconocido y se sigue aplicando el IPC acumulado", lo que ha obligado a las familias a acreditar con informes periciales el deterioro de los bienes y a negociar con Endesa el precio, o bien a acudir al jurado de expropiación". Según el texto, “la concesionaria fija precios arbitrarios y el jurado de expropiación valora según indicadores y parámetros oficiales, como si de una reversión más se tratara”.

También reclama que, además de la reversión de los bienes expropiados, se considere la de otras propiedades vendidas al verse obligados los vecinos a marcharse de los pueblos, pues con solo parte de las tierras ya no podían sobrevivir. “No se trató de ventas voluntarias, como la empresa pretende”, señala. Otra de las peticiones se refiere a la superación de los numerosos obstáculos administrativos (catastro, deslindes, inscripción de cabañeras...) a las que se enfrentan los afectados.

Asimismo, los diputados exigen al Gobierno el desbloqueo del plan de desarrollo comprometido para reconstruir las infraestructuras necesarias que permitan devolver los pueblos a la vida (calles, abastecimiento eléctrico, suministro de agua, accesos…); y a la empresa heredera de los derechos (Endesa), la electrificación de la zona en compensación por el daño causado.

Para los que ya han vuelto a ser propietarios, cambiar a estas alturas las condiciones del proceso de reversión ya no tiene sentido. "Lo que hay que hacer es modificar la ley de expropiación que nos han obligado a cumplir. Para nosotros el menoscabo llega tarde, porque ya hemos pagado", ha explicado Óscar Espinosa. Ahora quieren mirar hacia adelante y conseguir servicios para los pueblos, "porque cada vez más somos vecinos de Jánovas, ya no afectados por un pantano". Y una vez que la mayoría han llegado a un acuerdo con Endesa, sí echan de menos, por ejemplo, exenciones fiscales. "Entre impuestos, notaria y registro de la propiedad, incluso a veces se supera lo que hemos pagado por la reversión. Tenemos derecho a exenciones porque no vendimos porque quisimos sino obligados", ha añadido el portavoz de la fundación San Miguel de Jánovas. "Ya que se hizo mal, ahora hay que hacerlo bien", concluye. La prioridad, afirman, es llevar adelante el plan de desarrollo de la zona prometido por la administración, estancado en trámites administrativos, de manera que están rehabilitando sus casas sin tener todavía los servicios mínimos disponibles.

En palabras de Pedro Arrojo, diputado de Unidos Podemos y portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación de la iniciativa legislativa en el Congreso "estaremos un poco más cerca de devolver la dignidad y resarcir el daño ocasionado a los vecinos y vecinas después de casi medio siglo de sufrimiento, atropello de derechos y destrucción del territorio y de la vida en Jánovas y su entorno. A fecha de hoy ni siquiera ha habido un gesto de disculpa por parte de las hidroeléctricas, ni del Gobierno”.

El PSOE planteó una serie de modificaciones, entre otras cosas para que se reconociera que fueron más los núcleos afectados. En su intervención, el diputado Gonzalo Palacín ha dicho que no toda la responsabilidad es de la empresa concesionaria y ha pedido el compromiso de la administración central, que es la que tiene la competencia. “Jánovas es una historia repetida que sentó las bases de la despoblación en muchos núcleos del Pirineo. Nuestra gente fue desahuciada, incluso se dinamitaron sus casas sin cometer ningún delito. Hubo un proyecto de un embalse que nunca se llegó a construir y ahora estamos en otra fase”, ha manifestado en la comisión.

También ha recordado el acuerdo político entre el Gobierno de España, el de Aragón y la Diputación de Huesca, y ha pedido compromisos firmes y dotados presupuestariamente. “Esto sí es hablar de despoblación. De poco o de nada sirve crear un comisionado si no se ponen presupuestos y medidas”. Ha recordado que el Gobierno de Aragón va a invertir en mejorar los accesos y que la Diputación ha aportado una media de 100.000 euros para mejorar servicios en el entorno de Jánovas. En enero, con una subvención de la DGA, se llevó luz a Jánovas. “Es paradójico que un municipio expropiado para construir un salto hidroeléctrico, en pleno siglo XXI seguía sin tener luz”. Palacín ha terminado su intervención diciendo que Jánovas es “el caso más flagrante de abandono y maltrato por parte de las administraciones a una zona que lleva demasiados años sufriendo”, y con el anuncio de que el PSOE enmendará los Presupuestos Generales del Estado para comprometer dinero en el proceso de restitución de Jánovas. "Que no tengan que pasar otros 60 años", ha concluido.

En palabras de Pedro Arrojo, diputado de Unidos Podemos y portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación hoy de esta iniciativa legislativa en el Congreso “estaremos un poco más cerca de devolver la dignidad y resarcir el daño ocasionado a los vecinos y vecinas después de casi medio siglo de sufrimiento, atropello de derechos y destrucción del territorio y de la vida en Jánovas y su entorno. A fecha de hoy ni siquiera ha habido un gesto de disculpa por parte de las hidroeléctricas, ni del Gobierno”.

El PSOE ha estado de acuerdo con la proposición no de ley pero planteó una enmienda, entre otras cosas para que se reconozca que sí hubo un proceso participativo, liderado por la DGA, en el plan de desarrollo, y que no solo se hable de tres núcleos, pues fueron más los afectado. En su intervención, el diputado Gonzalo Palacín, ha dicho que no toda la responsabilidad es de la empresa concesionaria y ha pedido el copromiso de la administración, que es la que tiene la competencia. “Jánovas es una historia repetida que sentó las bases de la despoblación en muchos núcleos del Pirineo. Nuestra gente fue desahuciada, incluso se dinamitaron sus casas sin cometer ningún delito. Hubo un proyecto de un embalse que nunca se llegó a construir y ahora estamos en otra fase”.

Ha recordado el acuerdo político entre las principales instituciones, Gobierno de España, DGA y Diputación de Huesca. Con su enmienda quería que los compromisos asumidos sean firmes y se doten presupuestariamente. “Esto sí es hablar de despoblación. De poco o de nada sirve crear un comisionado si no se ponen presupuestos y medidas”. Recordó que el Gobierno de Aragón va a invertir en mejorar los accesos y que la Diputación ha aportado una media de 100.000 euros para mejorar servicios en el entorno de Jánovas. En enero, con una subvención de la DGA, se llevó luz a Jánovas. “Es paradójico que un municipio expropiado para construir un salto hidroeléctrico, en pleno siglo XXI seguía sin tener luz”. Concluyó diciendo que Jánova es “el caso más flagrante de abandono y maltrato por parte de las admiistraciones a una zona que lleva demasiados años sufriendo”. Adelantó que el PSOE enmendará los Presupuestos Generales del Estado para coprometer presupuesto para el proceso de restitución de Jánovas. Que no tengan que pasar otros 60 años