El juez condena la "actuación temeraria" de la tripulación del Yak con 6,2 millones de euros

Como sucedió hace ahora cuatro años, las tres empresas responsables del vuelo del Yakovlev-42 han sido condenadas a indemnizar a las familias de los 62 militares españoles que fallecieron en Turquía. La primera sentencia fue anulada por la Audiencia de Zaragoza, al apreciar un error en la citación de una de las demandadas. Sin embargo, las conclusiones de este segundo fallo son muy similares a las de entonces, ya que coinciden en que fue un "fallo humano" el desencadenante del fatal accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003.

La cuantía total de las indemnizaciones es ahora algo menor, ya que se pasa de 9,8 a 6,2 millones de euros, cantidad que tendrán que abonar la contratista Chapman Freeborn, la aerolínea UM Air y la aseguradora Busin Joint Stock. En cualquier caso, a esta última cantidad hay que sumar los 3,3 millones del dinero adelantado en su día por el Ministerio de Defensa (75.000 dólares por víctima, que estaban incluidos en el anterior fallo). Por lo tanto, la diferencia solo estriba en 300.000 euros.

Lo que sí varía de forma sustancial es el criterio de reparto entre los allegados. Salvo excepciones, las viudas cobrarán 60.000 euros (frente a los 100.000 ? anteriores) y los padres de los fallecidos 8.000 (por los 20.000 ? que establecía la anterior sentencia). Los hijos seguirán recibiendo 30.000 euros. La gran novedad es el reconocimiento de los hermanos de las víctimas como parte perjudicada, lo que les permitirá cobrar una indemnización de 3.000 euros. Por contra, las novias o parejas no reconocidas oficialmente, dejan de ser consideradas como afectadas y no percibirán cantidad alguna.

Pese a que las compensaciones económicas fijadas por la juez son millonarias, quedan muy lejos de las pretensiones iniciales de los demandantes, que solicitaban indemnizaciones por encima de los 60 millones de euros.

Respecto a las causas del siniestro que costó la vida a los militares españoles en Trabzon, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, Teresa Real Clemente, lo deja claro: no hubo fallos técnicos en el avión (salvo en el aparato encargado de grabar las conversaciones en cabina, que no funcionaba desde hacía 45 días), los sistemas técnicos del aeropuerto funcionaban perfectamente, la actuación del controlador aéreo fue correcta y la condiciones meteorológicas no eran especialmente adversas.

Descartada la posible influencia de estos factores en el trágico desenlace, la magistrada llega a la siguiente conclusión: "Se produjo un fallo humano por parte de los tripulantes. Las maniobras que realizaron fueron gravemente negligentes y dirigirse a la zona del aeropuerto a la que lo hicieron puede calificarse de temerario".

La juzgadora entiende que los pilotos "no sabían donde estaban", "pese a que disponían de todos los medios técnicos en correcto estado para haber realizado el aterrizaje con seguridad". En su sentencia, la magistrada llega a decir que "lo único que se constata es que las maniobras realizadas por la tripulación fueron gravemente incorrectas, excediendo de la mera conceptuación de culpa". De hecho, entiende que de su "actuación temeraria" cabe presumir la existencia de "culpa grave".

Las partes tienen ahora 5 días hábiles para recurrir el fallo ante la Audiencia de Zaragoza, y a tenor de lo acontecido hasta ahora parece que se formalizarán los escritos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el representante de Chapman, como sucedió hace cuatro años, tampoco acudió al juicio.