El Supremo confirma los tres años de prisión al general Navarro por las identificaciones del Yak

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó ayer en su integridad la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a tres años de prisión al general de División retirado Carlos Navarro y a 18 meses a dos de sus subordinados por falsedad documental en la identificación de las víctimas del Yak-42. Una vez que el Alto Tribunal comunique oficialmente la condena a las partes, el general Navarro deberá ingresar en prisión. Según se explicó ayer, lo hará en una prisión civil, en uno de los módulos reservados para los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El fallo de ayer es el primero de la Sala de lo Penal del Supremo en la que se condena a un general del ejército por un acto durante el ejercicio de sus funciones. Según informaron fuentes del Supremo, aunque ayer ya se acordó el fallo, aún quedan algunos días para que se haga pública la sentencia. La redactará el juez Andrés Martínez Arrieta. Sí confirmaron ya que el fallo es unánime, por lo que no hay votos particulares de ninguno de los otros cuatro jueces.

En cuanto a los dos subordinados, José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, fueron condenados también por falsedad documental. Sin embargo, no entrarán previsiblemente en prisión debido a que la condena no llega a los dos años. Pese a esto, desde el Ministerio de Defensa se informó ayer que se ha abierto un expediente para dilucidar si los expulsan de la carrera militar.

Actuación dolosa

Según la sentencia que ayer ratificó el Supremo, la actuación del general fue dolosa. En este sentido, determina que fue en todo momento "plenamente consciente de que le entregaban cuerpos no identificados". Además de la pena privativa de libertad, el fallo de ayer también le inhabilita para para el ejercicio de cualquier función pública durante dos años, le impone una multa durante seis meses de 10 euros al día y le obliga a asumir el pago de 10.000 euros para las familias de cada uno de los fallecidos. Ante la previsión de que no pueda afrontar el pago, la Audiencia Nacional ya declaró la responsabilidad subsidiaria del Ministerio de Defensa.

En el fallo, el Supremo rechaza todos los recursos, tanto el de los condenados, que solicitaban la absolución, como el de los familiares, que pedían un incremento de las condenas.

Por otra parte, la Audiencia Nacional revisará hoy los recursos presentados por los abogados de las víctimas en los que reclaman ampliar las imputaciones por las responsabilidades en la contratación del Yak-42. La Sala de lo Penal debatirá un listado de nuevos acusados entre los que se incluye al ministro de Defensa en el momento de la tragedia, Federico Trillo, así como a los principales integrantes de la cúpula militar, entre ellos los ex jefes de los ejércitos de Tierra y del Aire, los tenientes generales Luis Alejandre y Eduardo González-Gallarza. A todos ellos los letrados les acusan de 62 homicidios por omisión, tantos como militares fallecieron en el accidente aéreo ocurrido en Turquía en 2003.

El tribunal encargado de resolver los recursos de apelación está presidido por la magistrada Ángela Murillo y cuenta con otros dos jueces, quienes revisarán la documentación presentada por los recurrentes y tendrán que escuchar los argumentos de las partes, incluida a la Fiscalía, por si apoya o rechaza las nuevas peticiones de imputación. Estos recursos fueron presentados en junio de 2008, sin embargo, el juez que instruye la causa penal por la contratación del Yak, Fernando Grande-Marlaska, ha tardado más de un año y medio en elevarlo a la sala para su resolución, según denunciaron los letrados.

Las alegaciones de las familias son contra un auto del juez en el que, en mayo de 2008, decidió imputar a cinco mandos militares pese a que las defensas de las familias hicieron 18 peticiones, entre ellas la del propio Federico Trillo por ser el máximo responsable del ministerio cuando se alquiló el avión siniestrado.

Entre los acusados de 62 homicidios improcedentes se encuentra desde entonces el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Antonio Moreno.

Además de Trillo y los generales Alejandre y González-Gallarza, las defensas solicitan 11 nuevas imputaciones, la mayoría tenientes generales -caso del mando José Antonio Beltrán-, dos responsables de la empresa contratista Chapman Freeborn y de la Dirección General de Aviación Civil, organismo dependiente de Fomento.