Lejos de disiparse, la ofensiva de Cataluña para romper el sistema de recaudación fiscal y de financiación autonómica cobra cada día más fuerza conforme se acercan las elecciones en la comunidad vecina. Las iniciativas de las formaciones independentistas para exigir un concierto económico y cupo propio, similar al vasco y al navarro, se suceden en el Congreso, y aunque de momento el Gobierno central se opone, el resto de partidos y sobre todo de territorios ve la amenaza con preocupación. Para los expertos no hay lugar a la duda. Las reclamaciones de ERC y Junts se llevarían por delante un modelo basado en la solidaridad y sería «muy dañino» para los intereses de Aragón.

La iniciativa la pusieron hace unos meses encima de la mesa las formaciones independentistas. Básicamente, consiste en conceder a Cataluña la recaudación y gestión del 100% de los impuestos generados en su territorio, es decir, algo más de 52.000 millones de euros, como «base de una nueva relación bilateral entre el Estado español y Cataluña que ponga fin al maltrato fiscal», en palabras de presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Una vez en sus manos, la comunidad vecina aportaría un cupo para «contribuir a la equidad entre territorios» pero que estaría «limitado en el tiempo» y «condicionado» a que el resto de regiones hagan ajustes en sus cuentas.

Julio López, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, reconoce que «habitualmente, Cataluña ha contribuido con documentos muy sólidos a la discusión sobre las reformas del sistema de financiación, pero en esta ocasión no ha sido así». Explica que la propuesta de una modelo «singular» que han elaborado las fuerzas independentistas «es técnicamente muy pobre, mezclando verdades, medias verdades y falsedades». «Afirman que el sistema español es una anomalía en el contexto internacional, y llamativamente, para corregir esa anomalía, se propone un modelo ¡que no se aplica en ningún país del mundo!», resume.

Los números han hecho saltar todas las alarmas. La salida de Cataluña del sistema de financiación autonómica, por el cual el Estado redistribuye los ingresos tributarios entre los distintos territorios para garantizar la prestación de servicios, restaría 2.000 millones de euros de la bolsa común. Pero sobre todo, dejaría a la Administración central sin los 20.000 millones de euros que aportan los ciudadanos catalanes a través de los tributos estatales, una merma crítica a la hora de llevar a cabo inversiones públicas.

«Supondría un cambio cualitativo», advierte Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que cree que sería «muy dañino» para Aragón. Apunta que ya hay una «anomalía» prevista en la Constitución, en referencia a los territorios forales (País Vasco y Navarra), que deja fuera del sistema en torno al 8% de los recursos nacionales, pero «ahora se pide extenderla al 20% de la economía española», apunta en referencia a Cataluña. A su juicio, si saliera adelante el plan independentista «quedaría una Administración central muy disminuida y sin capacidad para aplicar políticas propias, porque se quedaría sin recursos fiscales».

Julio López añade otras consecuencias. «Se complicaría la gestión eficaz y eficiente de algunos tributos (como el IRPF, el IVA o el Impuesto sobre Sociedades) y también el cumplimiento por parte de los contribuyentes», alerta. Además, este experto cree que «aumentarían los riesgos de elusión y evasión fiscal, al fragmentarse el sistema», así como los de «competencia fiscal perniciosa entre comunidades autónomas».

Esta semana, ERC insistía en el Congreso en denunciar que «el actual sistema de financiación es una losa para Cataluña, al estar «obsoleto»y ser «del todo injusto». Desde el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desmentía tal escenario y rechazaba el cupo catalán, pero ofrecía reformar el sistema mediante un «diálogo singular» con Cataluña. No será la última vez que se confronten ambas posturas en la Cámara Baja antes de las elecciones del 12 de mayo.

Choque territorial

Mientras, el actual clima político hace inviable la negociación para la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace una década. Ángel de la Fuente coincide con el Gobierno en que «una condición necesaria» para llegar a buen puerto es que haya «un acuerdo previo entre el PP y el PSOE», tal y como demanda Montero, pero «ahora no parece factible», reconoce el responsable de Fedea. Entre otros motivos porque los conservadores solo aceptan llevar el debate al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde más que las siglas, deberían primar los intereses de cada territorio, y son muy dispares.

Ante este bloqueo, Julio López ofrece una opinión compartida en los pasillos del Congreso y en las sedes de los partidos. «Las comunidades más beneficiadas por el sistema actual no tienen ningún incentivo a sumarse a una reforma con resultados inciertos. En otras ocasiones, el acuerdo se ha conseguido porque el Estado ha incrementado los ingresos para todas las comunidades. Seguramente haya que esperar lo mismo ahora», concluye.

El PSC propone un consorcio con el Estado

Buena parte de la ofensiva independentista de estos días por la financiación «singular» de Cataluña tiene como objetivo minar al candidato socialista, Salvador Illa, que rechaza un cupo como el vasco o el navarro para su comunidad.

El líder del PSC desveló esta semana su programa de cara a la cita con las urnas del 12 de mayo, y si bien se mostró en contra de los postulados de ERCy Junts, sí puso encima de la mesa promesas que afectarían a Aragón en el reparto de fondos estatales.

En concreto, Illa apuesta por crear un «consorcio tributario» conjunto entre el Estado y la Generalitat. Defiende que está previsto en el Estatut catalán y que permitiría « recaudar todos los impuestos en Cataluña». Además, se compromete a mejorar la financiación autonómica catalana, de forma que no haya tanta diferencia entre lo que aporta y lo que recibe.