La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada este jueves en Madrid aprobó el reparto de 1.800 millones de euros entre las comunidades autónomas, de los que 60 millones irán destinados a Aragón, para financiar políticas activas de empleo y para la prevención de riesgos laborales. Estos fondos suponen el 70% de las cuantías comprometidas para todo el año –el 30% se distribuirá en una próxima reunión– y se mantienen invariables respecto al pasado ejercicio como consecuencia de la prórroga presupuestaria.

De los 1.800,3 millones de euros contemplados, 997 corresponden a políticas activas de empleo y formación, 308 a iniciativas del sistema de formación profesional para el empleo que no corresponden a certificados de profesionalidad, 443 a iniciativas de formación en alternancia para el empleo, y 51,4 a la modernización de los servicios públicos de empleo.

Trabajo detalló que, del importe total, se destinarán 633 millones de euros a combatir el desempleo de mayores de 52 años.

Se establecen además objetivos cuantitativos por comunidades, como el de mejora de la empleabilidad y la voluntad de impulsar la consolidación y profesionalización del personal orientador laboral en toda la red de los servicios públicos de empleo.

En el caso aragonés, la DGA dispondrá con esta primera entrega de 60,4 millones de euros, cifra que responde a criterios de población y número de parados, entre otros. Entre las acciones a financiar se encuentran las oportunidades de empleo, la formación relacionada con la negociación colectiva y el diálogo social, la orientación profesional o la modernización de los servicios públicos de empleo, entre otros.

Asimismo, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se asignó un crédito presupuestario para acciones ordinarias de prevención de riesgos laborales de ámbito territorial de 11.390.000 euros. De esa partida, Aragón recibirá 449.980 euros (frente a los 440.000 de 2023), de acuerdo a un reparto de 1,63 euros por trabajador.

«Improvisación»

La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, criticó la «improvisación» e «incapacidad manifiesta» del Ejecutivo central por su gestión en el ámbito de las políticas activas de empleo y siniestralidad laboral.

Así lo puso de manifiesto durante su intervención ante la conferencia sectorial, donde lamentó la falta de una gestión efectiva en un área que considera «fundamental y esencial» para la vida de toda la ciudadanía.

Además, la también portavoz de la DGA expresó su preocupación por las consecuencias de la prórroga presupuestaria en los fondos destinados a políticas activas de empleo y prevención de riesgos laborales, señalando que esta situación está perjudicando especialmente a los aragoneses que buscan empleo o formación.