El ex jefe de gabinete de Lambán ampara la gestión de las renovables e insta a pactar su planificación
Giral señala que Aragón tiene ahora una "ventaja competitiva" para atraer inversiones n Los ambientalistas exigen regulación y critican la conversión del territorio en una "colonia energética".
El ex jefe de gabinete de Javier Lambán y ahora concejal zaragozano por el PSOE, Chema Giral, ha salido en defensa de la gestión de las energía renovables en las dos últimas legislaturas, pero ha aprovechado su comparecencia ante la comisión de investigación de las Cortes para instar a todos los partidos a pactar su planificación.
Giral ha recordado el bloqueo judicial del sector que heredaron en 2015 del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi y como en dos años lograron no solo darle la vuelta, sino generar el marco jurídico que ha convertido a la Comunidad en una potencia en energía verde. A su juicio, esto permite disponer ahora de una "ventaja competitiva tremenda" para atraer inversiones y vertebrar el territorio "sin olvidar a los consumidores aragoneses".
El dirigente socialista también ha aludido a la normativa para regular la instalación de renovables en zonas agrarias y a la aprobación de otra específica para que la Comunidad pueda aprovecharse de su generación eléctrica, recurrida por el Estado. No obstante, ha reconocido que la Comunidad no estaba preparado para el "aluvión" de proyectos y ha aludido que hubiera tocado hacer un nuevo plan energético, pero se ha excusado con que venció en plena pandemia
Tampoco ha eludido la cuestión sobre el acompañamiento de cargos socialistas a empresas del sector. En este punto, ha apuntado que se hacía desde los distintos departamentos para tratar de apoyar las inversiones en el territorio.
En la sesión, que se ha alargado más de seis horas, también han comparecido ambientalistas que han dado una visión muy crítica sobre la situación y han vuelto a reiterar su petición de una moratoria. En el caso del catedrático de Geología José Luis Simón, ha considerado que el despliegue de parques solares y fotovoltaicos le ha faltado "rigor técnico" y está provocando "graves afecciones", por lo que ha insistido en la necesidad de una moratoria. "El Inaga denota falta de planificación y de respeto a la legislación vigente", ha afirmado.
Juan Antonio Gil, de la Fundación Quebrantahuesos, ha rebatido el argumento que solo está afectado el 0,6% del territorio por las renovables porque, según ha apuntado, la superficie afectada llega al 14%. Como conservacionista ha aludido a la elevada mortalidad de avifauna por los aerogeneradores y ha advertido de que puede llegar a la extinción de los buitres leonados.
Mientras, Carlos González, de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, ha sido muy crítico contra la red promovida por Forestalia para exportar la energía verde a otras autonomías con tendidos que suman más de un millar de kilómetros. "Es una auténtica red de transporte privada. No cubre nuestras necesidades, sino que está enfocado al comercio internacional", ha valorado.
Por ello, González ha opinado que Aragón desempeña en el gran mercado eléctrico "el papel de colonia energética", lo que le ha llevado a negar que haya una verdadera transición. Además, ha abogado por un modelo distribuido que extienda los beneficios a toda la sociedad y dotarla así de "soberanía energética".
También ha intervenido la alcaldesa de Monforte de Moyuela, Paula Delmás, que ha solicitado igualmente favorecer las comunidades energéticas y ha negado presiones de expropiación para la instalación de renovables.
La comparecencia del jefe de servicio de Gestión Energética de la DGA, Eduardo Pérez, ha evidenciado que la tramitación se ha visto afectada por la regulación estatal "con cargas administrativas considerables". Y ha explicado que las medidas urgentes de 2018 para la transición energética amplió la capacidad y, con ello, la avalancha de proyectos.
