Aragón tramita 45 cámaras para mejorar la seguridad y la resolución de delitos
Una jornada sobre videovigilancia en Calatayud reivindica que las grabaciones no pueden sustituir a los agentes y plantea más colaboración entre municipios.
Un total de 45 cámaras -30 en la provincia de Zaragoza, 5 en Huesca y 10 en Teruel- están en pleno proceso de tramitación para ser instaladas en diferentes municipios de Aragón para mejorar la seguridad y la resolución de delitos. Así lo recogen los datos de la subdelegación del Gobierno ofrecidos este jueves en Calatayud durante el inicio de la 'Jornada de videovigilancia pública y creación de una red de seguridad ciudadana intermunicipal' organizadas por el Instituto Social y Formativo de la Seguridad y de las Emergencias (Isfes).
"El trámite consiste en presentar un informe en la subdelegación, se pasa a la comisión mixta de garantías en la que está el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y no suele haber inconveniente. Estamos muy por la labor de este tipo de cámaras, somos proactivos y hacemos conferencias informando del proceso", reconocía la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero. Así, reconocía que las diligencias se han "simplificado" y "no tiene mucha demora".
Junto a ella, el presidente del TSJA, Manuel Bellido, reconocía que estos elementos cumplen una función "preventiva, para evitar la comisión de delitos, el vandalismo y garantizar la convivencia, y para esclarecer hechos delictivos". En este punto, abogaba por "buscar el equilibro con el derecho a la intimidad", a través de tomar "las medidas menos agresivas para los derechos fundamentales".
Bellido puntualizaba que han buscado "ser flexibles, facilitando la extensión a pequeñas localidades sin Policía Local", pero reconociendo que las cámaras "son de mucha utilidad, ya que las grabaciones de imágenes de lo que se ha cometido o de las circunstancias que lo rodean, ayudan". También incidía en que no son un sustitutivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En el mismo sentido Herrero decía que "no subsanan" la falta de efectivos de cuerpos como la Guardia Civil en el ámbito rural.
En el caso concreto de Calatayud, su alcalde, José Manuel Aranda, mostraba su satisfacción con el sistema que tiene la localidad y detallaba que ya hay 60 colocadas en las calles y carreteras y que se instalarán otras 60 en proyecto de instalarse entre 2024 y 2025. "Escuchamos a la Policía Local y raro es el día que no les pidan desde otros cuerpos que descarguen imágenes. Están más seguros, tienen más facilidades y no consideramos que puedan sustituir a los agentes, pero sí que ayudan para investigar delitos".
Para Óscar Antonio Muñoz Tabernero, intendente de la Policía Local de Ejea de los Caballeros en segunda actividad y portavoz de la organización, en la actualidad el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia es "ineficaz". "Uno de los objetivos de la jornada y que la legislación lo permite es tener la posibilidad de intercambiar datos y que haya una red entre las distintas policías locales", matizaba Tabernero.
A este respecto, concretaba que los cuerpos de seguridad municipales son un "elemento fundamental, pero está atomizado, cuando la delincuencia es generalizada, móvil y dinámica". Por ello reclamaba al Gobierno de Aragón un "liderazgo que organice que se firmen los convenios entre ayuntamientos e incluso que la Delegación del Gobierno en Aragón se sume a ello y poder compartir los datos".
De esta forma, ejemplificaba Muñoz Tabernero, sería posible que "si se sustrae un vehículo en Calatayud, la Policía Local marca esa matrícula con un código, en el momento que entra en otro municipio de la red se detecta la entrada". Ahondando sostenía que sería posible que "salta una alarma de por dónde ha entrado, un código y ya tienes localizado el vehículo y los motivos".
La jornada se ha prolongado durante todo el día en la sala Gracián de la sede bilbilitana de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la plaza del Fuerte. Allí han estado siguiendo las distintas ponencias y charlas cerca de 80 personas de manera presencial, pero el número total de inscritos, sumando las personas apuntadas de manera digital, ascendía a más de 650 participantes.
Entre los asistentes se contabilizaban tanto miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como alcaldes, concejales, trabajadores de las administraciones públicas, personal de seguridad privada, aunque también se dirigía a opositores a cuerpos policiales y cualquier otro colectivo profesional interesado en la materia.
