El Gobierno de Aragón supo en 2020 que el certificado de las mascarillas defectuosas era "simulado"
Pese a que el material no cumplía el nivel de protección acordado, el Ejecutivo de Lambán no acudió a los tribunales. En un requerimiento a la empresa, admitió que pagó por encima del precio de mercado.
Las mascarillas defectuosas que el Gobierno de Aragón adquirió en 2020, que todavía hoy siguen almacenadas en los sótanos de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, se compraron por un precio por encima de mercado. Pero, además, la empresa "simuló un certificado inexistente" que "falseaba" la naturaleza del proyecto y su efectividad.
Así consta en un requerimiento a la compañía Escrow Trust Europe Foundation, con sede social en Amsterdam, enviado por la DGA en agosto de 2020, solo cuatro meses después de la operación, cerrada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) del anterior Ejecutivo PSOE-Podemos-CHA-PAR. Pese a esta circunstancia y de que parte del material no cumplía los requisitos exigidos, nunca se abrió un procedimiento judicial para reclamar el dinero.
La compra, sobre la que la Cámara de Cuentas ya detectó irregularidades en el procedimiento por la recepción del material, dado que no tenía la correspondiente factura, se produjo el 2 de abril de 2020, en uno de los momentos más duros de la pandemia. El contrato era de 244.570 euros. Fueron aceptadas un total de 70.000 mascarillas quirúrgicas y un millón de guantes de vinilo. Pero 7.000 mascarillas FFP2, las que tienen un mayor nivel de protección, dieron problemas, junto a otras 3.000 adquiridas en el mismo pedido. Tras ser testadas por el laboratorio habilitado, Aitex, el informe fue negativo.
"Dicho producto no cumplía las especificaciones determinadas para un equipo de protección individual, EPI", dice el requerimiento, firmado por el entonces secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez.
"A dicho hecho debe añadirse que el producto iba acompañado de un certificado simulado, que incumplía la normativa en vigor", dado que no estaba expedido "por un organismo notificador" para este tipo de productos. Según el escrito, "simulando un certificado inexistente y etiquetando un producto de manera que falseaba la naturaleza del producto y su verdadera efectividad como EPI".
"Ha habido un abuso"
No solo se hacía referencia a la calidad de esas 7.000 mascarillas FFP2 (el resto cumplían los estándares de calidad). El requerimiento apunta que la cantidad pagada (4,15 euros por unidad) "estaba por encima del precio de mercado, aprovechando las circunstancias concurrentes derivadas de la pandemia de la covid-19". Según la DGA, o al menos así se explicitaba en el documento, "resulta evidente que ha habido un abuso".
El documento apunta a Emilio Santacatalina, persona que se cita como vicepresidente del Grupo Santacatalina y que habría participado en la transacción. "Hemos establecido diversas conversaciones telefónicas al respecto, todas ellas con resultado negativo en las gestiones que aquí nos interesan", dice el escrito.
El requerimiento recoge que el producto "no ha respondido a la finalidad pretendida", por lo que la DGA reclama el reintegro de 29.050 euros. A estas 7.000 mascarillas hay que sumar otras 3.000 tramitadas con la misma empresa y que tampoco cumplieron el nivel de calidad exigido. Así consta en el informe de la Cámara de Cuentas, que valoró esas 3.000 mascarillas en 12.450 euros.
En total, 41.500 euros, que una vez deducidos 16.118 que quedaron pendientes de pago hacían un montante de 25.382 euros. El procedimiento seguido para comprar estas mascarillas fue el único reparo advertido por la Cámara de Cuentas en el global de compras de material sanitario durante la pandemia, que ascendió a 82 millones de euros.
El escrito enviado a Escrow Trust Europe Foundation tenía como objetivo "llegar a una solución satisfactoria" para descontar del precio las mascarillas defectuosas. Hay que tener en cuenta que este tipo de gastos se pagaban por anticipado y después se imputaban al presupuesto.
El documento advierte de que en el caso de no atender el requerimiento en 15 días el Gobierno de Aragón iba a proceder a emprender "las acciones y procedimientos necesarios con los intervinientes en el contrato". Pero no consta que se formalizase una denuncia o se iniciara ninguna acción judicial para recuperar el dinero.
Lo que hizo el Gobierno a partir de ese momento lo explicitó la Cámara de Cuentas en su informe de 2022: 18 meses después del pago, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) inició el procedimiento para la imputación presupuestaria de la obligación. Y eso que la Intervención delegada del citado organismo emitió un informe en contra con el reparo en que "no se han presentado facturas de la empresa justificativas del pago".
Fuentes del Gobierno actual confirmaron la existencia de este documento y señalaron que el requerimiento no se remitió ni a la Cámara de Cuentas, ni a la Intervención ni a los servicios jurídicos. En estos momentos, indicaron, se están estudiando las distintas opciones "en profundidad" para determinar "si podría pedirse alguna responsabilidad".
Desde el anterior Gobierno se recuerda que el material fue suministrado y que la mayoría cumplía los estándares de calidad. Esas 10.000 mascarillas defectuosas no se llegaron a repartir, indicaron, aunque sí se podrían haber utilizado como quirúrgicas. No obstante, se prefirió no distribuir el material por "prudencia". No aclararon el motivo por el que no se recurrió a la vía judicial para recuperar el dinero.
