Javier Zaragoza: “Pasamos de esclarecer acciones terroristas a evitar que se cometieran"

Veinte años después del atentado y tras haber vivido el juicio llevando el caso desde la Fiscalía, ¿quedan dudas?
Después de la investigación que se llevó en la Audiencia Nacional y del juicio, pocas dudas pueden quedar de que la autoría del atentado fue obra de una célula islamista o yihadista. No había ninguna pista o dato que apuntara a la organización terrorista ETA. Cuando se produjo el atentado (11 de marzo de 2004), los servicios de inteligencia españoles se pusieron en contacto con los de otros países y comprobaron que esa autoría no tenía ninguna base o fundamento.

Antes del 11-M, efectivos de la Guardia Civil nos trasladaron el riesgo que corría España por su participación en la guerra de Iraq.
A partir de octubre de 2003 comenzaron las advertencias que se conocieron a través de internet y las redes sociales de Al Qaeda, la multinacional del terrorismo yihadista. Se lanzaban amenazas contra los países que formaban parte de esa coalición. No solo España, sino también Gran Bretaña, Polonia... y varios más que estaban en el punto de mira con el riesgo de ser objetivos de un atentado terrorista. A finales de noviembre de ese año se hizo el atentado a los miembros del CNI en Iraq y luego hubo alguna amenaza en las redes unas semanas antes del atentado por Al Qaeda. Por la forma de ejecución y el ambiente que había, la autoría de la célula yihadista era más que probable.

¿Cómo presionó a la Fiscalía en el juicio esa campaña sobre la autoría del 11-M?
Había una presión ambiental, mediática e incluso política, de generar sombras de duda sobre la investigación al no aparecer ETA en la autoría, de no haber sido eficaces o dejar agujeros negros. Pero eso no era verdad. Llegué al caso en mayo de 2006, cuando cambié de la Fiscalía Antidroga a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y me puse a estudiar muy detenidamente el sumario. La única conclusión posible es que el atentado fue obra de una célula yihadista. No había ni unas mínimas posibilidades de atribuírselo a ETA. Otra cosa es que periodísticamente se crearan informaciones para poner en tela de juicio la investigación, con pruebas adulteradas o que fuera un montaje, pero eso no tenía ninguna base fáctica real ni objetiva.

Los yihadistas del 11-S habían pasado por España antes de ir a Nueva York .
A raíz de los atentados de Estados Unidos en septiembre de 2001 comenzaron a investigarse con más intensidad esos grupos islamistas que se habían radicalizado y podían tener que ver con lo que hicieron en las Torres Gemelas de Nueva York. Eso nos trasladó a una realidad terrorista completamente distinta, que culminó con el atentado del 11 de marzo.

¿Después del 11-M, las autoridades y los juzgados cambiaron su actuación preventiva ante este terrorismo?
Al cometerse un atentado de tal magnitud, con 193 muertos, 2.000 heridos y daños materiales de millones de euros, no era admisible que el sistema o poder represivo del Estado no reaccionara. Otro atentado similar hubiera sido inadmisible e intolerable. La sociedad española no habría entendido que no se hubieran dedicado más esfuerzos en la lucha antiterrorista después de lo que sucedió. Cambió el enfoque de la política antiterrorista. Hasta entonces se investigaban los delitos consumados y desde entonces se pretende que no se planifiquen esos atentados y tratar de evitar que se cometieran. Allí entró la coordinación entre la Policía y la Justicia, los servicios de información y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para conseguir aplicar las leyes penales a unas fases de actividad terrorista muy preparatorias. No se trataba de esclarecer las acciones terroristas, sino de evitar que se cometieran. Utilizábamos unos tipos penales que se mejoraron con las reformas que se hicieron en 2012 y 2015.

¿También se multiplicaron los efectivos para combatir el yihadismo?
Cambiaron tres cosas fundamentales. Primero, la coordinación de los servicios de información con los jueces y fiscales que llevan estos casos, porque es más estrecha y tienen noticia muy exacta sobre las investigaciones. Incluso dan instrucciones para culminar una operación o la detención de los miembros de la célula para evitar acciones terroristas. Segundo, se mejoró mucho la colaboración internacional con otros países con instrumentos de cooperación desconocidos, porque la lucha contra el terrorismo del yihadismo adquirió su importancia. Y tercero, la respuesta judicial ante estos delitos cambió de rumbo, al canalizar sus esfuerzos y eficacia en la prevención de estas actividades terroristas.

Fue el fiscal del 11-M, del 1-0 del ‘procés’ y de la operación Nécora, ¿con cuál se queda?
Con los tres, porque cada proceso penal ha sido muy importante en la historia judicial de este país. En la operación Nécora no tenía 40 años y fue la desarticulación del narcotráfico en Galicia y el blanqueo de capitales. Luego me llegó el terrorismo de ETA, que cerró las ventanas pocos años después de tomar posesión como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y el del 11-M. El terrorismo yihadista no comete otro atentado hasta 2017 (en Barcelona y Cambrils) cuando yo ya estaba fuera de la jefatura. Entonces me llega el caso del procés en Cataluña, con una dilatada vida profesional previa, con macrojuicios y con unos 60 años. He tenido la suerte de participar en estos tres juicios como miembro del Ministerio Fiscal.