Aragón hará este año 12 inspecciones para controlar el traslado de residuos transfronterizos por carretera
Estas supervisiones, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Protección de la Naturaleza, suponen un incremento del más del 30% sobre las que se venían llevando a cabo.
El programa de inspección de traslados transfronterizos de residuos de 2024 contempla el incremento de más de un 30% del número de inspecciones programadas en tránsito por carretera en colaboración con la Guardia Civil y, si procede, con la Gendarmería Francesa. Como mínimo se van a llevar a cabo este año 12 inspecciones, 4 por provincia.
Así lo ha anunciado este jueves en las Cortes de Aragón la directora general de Calidad Ambiental, María Martínez, en la comparecencia en la comisión de Medio Ambiente para desgranar las líneas de actuación de su área.
Este programa se enmarca en el plan de inspección plurianual de la comunidad autónoma de Aragón para 2020-2025. “Se articula con dos tipos de inspecciones: inspecciones 'in situ' a las instalaciones receptoras o emisoras de residuos de otros países de la Unión Europea e inspecciones in itinere a transportistas de residuos por carretera”, ha explicado la directora general.
En lo que se refiere a estas últimas, en la Comunidad se utilizan para el traslado de residuos con otros países de la Unión Europea siete vías nacionales y autonómicas: N−330, N−232, N−II, N-234, A−23, A-136 y A-121. De este modo, se llevarán a como mínimo cuatro por provincia, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico, competente en materia de inspección de transporte por carretera, y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) competente en materia de protección al medio ambiente.
Así, según los datos facilitados desde la DGA, si en el programa de 2023 estaban programadas 3 inspecciones en carretera por provincia, es decir, 9 en total, durante este ejercicio se han programado 12, casi un tercio más.
La directora general ha apuntado en su intervención que este tema "ocupa y preocupa" en la Dirección General y que si hay procesos penales relacionados con residuos ilegales llegados a la Comunidad es "porque se ha trabajado bien". Hay que recordar la operación ‘Poubelle’ de la Guardia Civil, que trascendió a finales del año pasado, y se desarrolló en varias localidades de Aragón y Cataluña para frenar el transporte ilegal de residuos procedentes de Francia a Italia. Los traían a Zaragoza sin tratamiento alguno, falsificando la documentación y se depositaban en los vertederos aragoneses sin más, aunque se tratara de desechos tóxicos.
No obstante, Martínez ha subrayado que desde que se implementó el impuesto al vertido, a partir de enero de 2023, hace poco más de un año, "las cantidades han cambiado y ya no se está recibiendo tanto".
Tres expedientes sancionadores durante 2023
Durante el pasado año el total de vehículos inspeccionados fue de 137, de los cuales, solo 18 (un 13%) transportaban residuos. De estos, se detectaron incumplimientos en 3, para los que se propuso el inicio de expediente sancionador.
Asimismo, se reforzarán las inspecciones a las instalaciones operadoras de traslados transfronterizos de residuos, con el objetivo de hacerlas en al menos la mitad de los centros. Con esta medida se quiere detectar y, en su caso, controlar actuaciones de traslados contrarias a la norma y traslados ilícitos, así como con inspecciones no programadas. En la Comunidad están establecidos 64 operadores, entre establecimientos, empresas, agentes y negociantes.
A lo largo del pasado año se inspeccionaron 18 instalaciones de las 29 previstas (un 62%), en las que únicamente se detectó un incumplimiento para el que se propuso el inicio de expediente sancionador, pendiente de iniciarse.
Esta actividad inspectora se enmarca en el Reglamento 1013/2006,de 13 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, que establece una normativa uniforme para toda la Unión Europea en lo relativo a movimientos transfronterizos de residuos. Además, el Reglamento UE 660/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, introdujo la obligación para las comunidades, de aprobar el correspondiente Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos con la finalidad de determinar los medios que son necesarios y para prevenir con eficacia los traslados ilícitos.
