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Así se resuelven los pleitos municipales en el Justicia de Aragón
Ampararon a un concejal de oposición del Ayuntamiento de Alagón para poder acceder a los decretos de alcaldía y la documentación y expedientes municipales
El caso que se está estudiando entre los partidos que llevan el Ayuntamiento de María de Huerva (PP-Vox) y el de la oposición (Por María de Huerva) no es el primero que llega al Justicia de Aragón para buscar un mediador que ayude a resolver estos debates políticos.
El anterior lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, reconoce que el Justiciazgo “se ha pronunciado ya en múltiples ocasiones sobre la obligación de los equipos de gobiernos municipales de facilitar a la oposición su derecho al control político, mediante la entrega de documentación pertinente”.
Así recuerdan supuestos que se han resuelto en las localidades de Monzón, Barbastro, Calatayud, Alagón…, donde se han emitido resoluciones expresas. En este sentido, señaló que a primeros de 2022 un concejal de la oposición del Ayuntamiento de Alagón presentó una queja sobre el acceso a determinada documentación necesaria para ejercer su actividad de control y participación política.
El concejal que presentó la reclamación argumentó que tenía derecho de acceso directo a los decretos de Alcadía sin necesidad de autorización y, además, al resto de documentos y expedientes que considerase oportuno, previa solicitud por escrito dirigida al alcalde.
El Justicia admitió a trámite la petición y envió un escrito al Ayuntamiento de Alagón para recoger información sobre la cuestión planteada. Luego se reunieron con quien presentó la queja, que aportó diversos escritos, y también mantuvieron una reunión con el alcalde, a petición del concejal, y con varios funcionarios.
En las consideraciones jurídicas, el Justicia reitera la obligación del ayuntamiento de facilitar el ejercicio de los concejales de la oposición de su derecho de participación y control político. Llega a valorar que en algún supuesto existe un abuso frente a las solicitudes presentadas y quedaría amparada la falta de respuesta por parte del ayuntamiento.
De hecho, el Justicia de Aragón amparó al concejal estableciendo “un protocolo” por el cual los concejales de la oposición puedan tener acceso, “en tiempo y forma, a aquella documentación necesaria para el ejercicio de su función de control y participación en los asuntos municipales, teniendo en cuenta los medios personales y materiales del Ayuntamiento”.
