Casi 12.000 aragoneses esperan que se valore su discapacidad pese a los expedientes resueltos en los últimos meses
La consejera de Bienestar Social y Familia denuncia que han aflorado 1.800 solicitudes que han engrosado el número de casos sin atender.
El plan de choque puesto en marcha por el Gobierno aragonés para reducir la lista de espera de valoración de la discapacidad empieza a dar sus frutos. El Instituto Aragonés de Servicio Sociales (IASS) ha resuelto 3.225 solicitudes desde el pasado noviembre tras el refuerzo de la plantilla con un equipo de valoradores adscrito a la gerencia del Instituto. Sin embargo, en este tiempo han aflorado 1.800 expedientes más y las peticiones aún pendientes de atenderse eran 11.945 a finales de enero. El problema es acuciante en la provincia de Zaragoza, donde se acumulan 9.067 casos pendientes, mientras en la de Huesca hay 2.287 y en Teruel, 591.
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha dado a conocer estos datos este jueves durante su visita al complejo Josemi Monserrate, gestionado por DFA en el barrio zaragozano de Vadorrey. Ha recordado que cuando llegaron al Ejecutivo autonómico se encontraron con una lista de espera de 13.000 personas y con el "afinamiento" de los dispositivos informáticos se han sumado 1.800 más que no aparecían en los listados iniciales,
La nueva unidad de valoración de la discapacidad se dedica a hacer un triaje de las solicitudes y a determinar sobre expediente los requerimientos de personas mayores de 65 años, de quienes padecen patologías concretas y de los menores de 65 años que proceda en base a sus historias clínicas.
En diciembre se dio respuesta a 590 expedientes en todo Aragón, de los que este equipo resolvió 227, y en enero se atendieron 1.154 peticiones; de ellas, 468 fueron responsabilidad de este grupo de profesionales. El ritmo de entrada de solicitudes también es muy alto, 3.803 en los últimos tres meses: 1.055 en noviembre, 1.436 en diciembre y 1.312 en enero.
Susín ha recorrido las instalaciones del Josemi Monserrate, un espacio para la atención integral para personas con discapacidad que cuenta con centro de día y residencia, entre otros servicios, y que está abierto a los vecinos del barrio. Ha estado acompañada por la presidenta de DFA, Marta Valencia, además de Enric Soley, patrono y secretario; Luis Molina, director general, junto con el gerente del IASS, Ángel Val.
Reivindican el sistema arbitral en discapacidad
La presidenta de DFA ha mostrado la importancia de "aligerar" lo máximo posible el proceso de las valoraciones para determinar el grado de discapacidad o actualizar el que ya se posee y llegar a "eliminar" las esperas. "Sabemos que hay priorización cuando hay necesidad de contar con el certificado por una cuestión laboral, pero aún así no es suficiente", ha recalcado.
Otras reivindicaciones de este colectivo pasan, ha comentado Valencia, por la creación de un sistema arbitral para la resolución de quejas cuando se produce algún tipo de discriminación, tal y como se contempla en la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad de la Comunidad aprobada en 2019, y el desarrollo de planes estratégicos específicos sobre empleo y mujeres y niñas con discapacidad.
El complejo Josemi Monserrate toma su nombre del que fuese presidente e impulsor de DFA, fallecido en 2016, y comprende un centro de día, un espacio para atención temprana, la centralita telefónica que atiende el Teléfono del Mayor, entre otros servicios; una zona de formación y empleo y una residencia con 30 plazas -parte de ellas concertadas con el IASS y otras privadas que están todas ocupadas- diseñadas para adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad que las ocupan.
