Aragón mide su peso en el mapa autonómico ante las guerras por el agua y la financiación
Azcón, que se enfrenta a barones del PP para blindar el Ebro y pedir más fondos por la despoblación, confía en la coincidencia de intereses con la Galicia de Feijóo
A los posibles agravios territoriales por las cesiones del Gobierno central a sus socios de investidura, en especial al independentismo catalán, se suman ahora nuevas amenazas para los intereses de la comunidad aragonesa, que se ve abocada a una guerra entre autonomías en los próximos meses. La condonación de la deuda, la reforma del modelo de financiación y las renacidas aspiraciones trasvasistas ante la sequía obligan al presidente de la DGA, Jorge Azcón, a hacer frente no solo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino también a barones de su propio partido. Para ello tratará de aprovechar la afinidad con la Galicia de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, impulsor en 2021 del pacto de Santiago, que aunó las reivindicaciones de las regiones más despobladas.
La semana pasada, una nueva batalla de la interminable guerra del agua volvió a poner en guardia a los partidos e instituciones aragonesas. La propuesta de la Generalitat catalana de nuevas conexiones hídricas desde el río Ebro en un momento en el que la Moncloa está en manos del independentismo encendió todas las alarmas. En la DGA ya hablan de un nuevo «pacto oculto», como el de la cesión de las competencias de inmigración, que supondría una afrenta para los regantes de Aragón.
Consciente de que un conflicto tan visceral como el del agua podría abrir una fractura en la unidad territorial de los barones del PP que tanto promulga Génova, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no descartó "medidas excepcionales" ante la grave sequía que sufre el país. Y lo hizo precisamente en Murcia.
Allí, el presidente de la Región, Fernando López Miras, aprovechó el ofrecimiento para recuperar una reivindicación trasvasista siempre latente, que al día siguiente tuvo su prolongación en Andalucía. En este caso, el barón del PP, Juanma Moreno, reclamó transferencias de agua entre provincias, comunidades e incluso países para hacer frente a la sequía. Ribera, encaminada a liderar la candidatura socialista a las elecciones europeas, ofreció en territorio hostil "solidaridad" y "mano tendida".
Moreno, López Miras, Mazón (Valencia nunca ha renunciado a las conexiones entre cuencas)… e incluso Isabel Díaz Ayuso han alzado la voz en las dos últimas semanas para reclamar cambios en la política hidrológica del Gobierno. En el PP-Aragón reconocen que se avecina un "conflicto interno importante", pero aclaran que Azcón tiene poco margen de maniobra. "Políticamente, no puede ceder, es una línea roja", apuntan.
Dicho y hecho. "No nos sobra agua", advirtió Azcón. "Tenemos muchas necesidades de abastecimiento y regadío presentes y futuras y hay herramientas más sostenibles y viables que los trasvases para resolver los problemas de otras zonas que también demandan agua", zanjó.
El problema añadido para Aragón es Cataluña, según trasladan desde la DGA. Que partidos como ERC, que en el pasado frenaron aspiraciones trasvasistas por la protección del Delta, apuesten ahora por nuevas conexiones ante la grave situación que sufre la comunidad vecina podría abrir la veda. La legislatura es larga y las exigencias del independentismo, ambiciosas. Sin ir más lejos, Junts solicitó a Ribera esta semana en comisión la cesión "plena" de la gestión de las cuencas catalanas en manos de la CHE, algo que el Tribunal Constitucional ya rechazó hace años.
En cualquier caso, en uno y otro partido reconocen de puertas para adentro que la guerra del agua tiene algo de ficticia, con un claro tinte político, ya que «solo sirve para ganar apoyo en nuestros respectivos territorios», resume un consejero del PP.
Choque de bloques
En cambio, la pugna por la financiación autonómica sí que es real, de profundas implicaciones y donde el peso de Aragón en el mapa autonómico será crucial para sus intereses. De nuevo, el PSOE busca fracturar las filas conservadoras, que cuentan con once gobiernos, mientras que los socialistas solo deben embridar a sus barones en Asturias (Adrián Barbón) y Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), ya que Navarra no participa del régimen común.
Pero la alianza del díscolo García-Page con Carlos Mazón, Juanma Moreno y Fernando López Miras en la denominada conjura de Fitur para pedir un fondo de compensación por la infrafinanciación de estos territorios ha quebrado el plan de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que exigía una negociación bilateral al PP y una posición unitaria de Feijóo a todas luces imposible de cumplir.
Azcón, que mantiene muy buena relación con Mazón y López Miras, dice que no le preocupa "lo más mínimo" esta alianza, pero lo cierto es que se le abre otro frente, y en este están en juego miles de millones de euros. Para contrarrestar, el presidente de la DGA desempolvó el pacto de Santiago, que aunó en 2021 los intereses de las ocho comunidades más despobladas.
De hecho, según fuentes internas, Azcón ha contactado estos días con presidentes populares de alguno de esos territorios, como Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) o Alfonso Rueda (Galicia), pero la proximidad de las elecciones en esta última comunidad han aplazado una posible respuesta coordinada. En cualquier caso, para el presidente de Aragón, el pacto de Santiago "sigue vigente", y en Génova, donde se fragua estos días la estrategia del partido, debería contar con el respaldo de su impulsor, el ahora líder nacional Alberto Núñez Feijóo, que hasta la fecha ha pasado de puntillas sobre la disputa.
