fiscalización

La Cámara de Cuentas dice que la UZ tiene una situación "saneada", pero detecta algún incumplimiento en contratación

El informe valora positivamente que el campus público haya empezado a programar sus compras mediante planes anuales. 

La deuda por la subida salarial de la Universidad suma 10,2 millones y corresponde a 2022 y 2023.
La deuda por la subida salarial de la Universidad suma 10,2 millones y corresponde a 2022 y 2023.
Guillermo Mestre

La Universidad de Zaragoza tiene unas cuentas "saneadas", que ofrecen una imagen "fiel" del patrimonio y la situación financiera, pero se detectan algunos incumplimientos de la normativa respectiva a personal y contratación. Así lo resume la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización correspondiente a los años 2021 y 2022, en los que también destaca "positivamente" que el campus público haya empezado a programar sus compras mediante planes anuales. 

Durante estos dos últimos años, los ingresos de la Universidad ascendieron a 308 y 340 millones de euros y los gastos fueron de 289 y 311 millones, respectivamente. En ambos ejercicios el gasto de personal es el más elevado, representando alrededor de un 70% del total. De hecho, el informe detalla que existe "un exceso" de gasto de personal, por encima del límite fijado por el Gobierno de Aragón. 

A finales de 2022, el campus público aragonés tenía 6.142 empleados: 4.401 de personal docente e investigador (PDI), que ha aumentado un 22% desde 2018;  y 1.741 de personal de administración y servicios (PAS), que ha bajado un 7% en el mismo periodo. La Cámara de Cuentas incide en que en 2021 se incumplió la tasa de temporalidad establecida por la Ley de Universidades para el PDI, algo que se corrigió en 2022. Aún así el 39,2% de estos profesionales siguen siendo temporales, unas cifras que considera "elevadas". 

En el PAS, los interinos se han incrementado un 68% de 2011 a 2022.  Esto provoca que algunos lleven en su puesto desde 1995, aunque se espera que los procesos de estabilización puestos en marcha en 2023 "puedan contribuir a corregir esta situación". Y el informe señala que existen plazas que, pese a su carácter estructural, no están incluidas en la relación de puestos de trabajos (RPT). 

El grueso de los ingresos del campus público proceden del Gobierno de Aragón, que aporta hasta un 67% del total  y se dedican, principalmente a cubrir el gasto corriente, aunque también hay partidas para infraestructuras, equipamientos o grupos de investigación. Otros ingresos proceden del Estado, La Unión Europa o empresas privadas, suponiendo la financiación ajena el 84%. 

El 16% restante corresponde a los ingresos propios, fundamentalmente a tasas y precios públicos. No obstante, estos han ido reduciendo en los últimos años a consecuencia de la política aplicada de reducción de precios de grados y másteres, que ha sido compensada por mayor transferencias de las administraciones públicas. 

Contrataciones

La Cámara de Cuentas detecta algún incumplimiento en personal y contrataciones como es que algunos contratos de emergencia no cumplen los requisitos exigidos. No obstante, señala que se ha observado una "mejora" en el cumplimento con carácter general. Y pone en valor la contratación de planes anuales desde 2020 lo que permite "adelantarse a sus necesidades y programar sus compras", así como los acuerdos marco. En estos dos años, señala el informe, se han formalizado 22 acuerdos de esta naturaleza. 

En este sentido lamenta que la estructura "descentralizada" del campus público y la falta de medios personales en el área de contratación dificulte la opción de extrapolar estos planes anuales a otros contratos recurrentes y habituales en los distintos departamentos universitarios.  

Este informe recomienda dotar a la Unidad de Control Interno de más medios y personal para que pueda abarcar todos los ámbitos de la gestión económica de la Universidad y adaptarla a la nueva ley del sistema universitario.

La Cámara también recuerda que están pendientes de implantación algunas recomendaciones importantes formuladas en anteriores fiscalizaciones, como el control y seguimiento de los gastos de financiación afectada, el establecimiento de un registro de patentes y licencias de explotación de la propiedad industrial, la regularización de las cuentas de inmovilizado material y el inventario de bienes, que las relaciones de puestos de trabajo contengan la totalidad de los puestos de carácter estructural y el establecimiento de criterios para asignar las retribuciones que corresponden al personal por su participación en proyectos de investigación.

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