Vox se alía con el PP en la comisión que investiga la prórroga del bus y citan a Ranera y a Dueso
La limitan a una sola sesión con 7 comparecientes, entre los que no estarán ni Azcón ni la concejala Gaudes
La comisión de investigación de la prórroga del contrato del bus se limitará a una sola sesión, el viernes, y a cuatro comparecientes: la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; Luis García Mercadal, coordinador de Presidencia; María Altolaguirre, jefa de la asesoría jurídica municipal, y la socialista Lola Ranera. Así se decidió en la reunión que debía fijar las reglas del juego, y en la que la izquierda denunció que Vox se alió con el PP para desechar sus propuestas, que incluían citar al actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, y a la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes. Acordaron llamar, además, como invitados a la socialista Carmen Dueso, que fue responsable de Servicios Públicos; a Guillermo Ríos, gerente de Avanza y a un responsable de TRN Taryet, la empresa que realizó la asistencia técnica del nuevo contrato, que podrían rechazar participar en la comisión.
El papel que jugó Vox condicionó el resultado. Su «paso atrás» suscitó amargas críticas de PSOE y ZEC, que achacaron el cambio a la posibilidad de un pacto a corto plazo. «No sabemos si en los próximos días podemos asistir a que Vox entre en el Gobierno del Ayuntamiento», deslizó el socialista Chema Giral, que denunció el «rodillo» aplicado a sus propuestas. Para Elena Tomás, de ZEC, «será imposible sacar conclusiones de la comisión porque Vox va a ser una muleta del PP y se va a impedir que se pueda investigar».
Ironizó Ángel Lorén, concejal de Presidencia y presidente de la comisión, sobre cómo consiguieron dar la vuelta a la situación en un abrir y cerrar de ojos. El PP citó a declarar a Lola Ranera, y sorprendió al PSOE, el partido que promovió la comisión. «Ella formó parte del Gobierno cuando se formalizó el contrato», recordó.
Explicó, también, que Julio Calvo, de Vox, aclaró que su partido no quería que la comisión se convirtiera en un «circo» y que no dudaba de la legalidad de la prórroga, sino de su constitución. Y Calvo lo confirmó. El de Vox defendió que su apoyo a la comisión no debía considerarse un «chantaje o amenaza» para el PP, y justificó que no era necesario convocar a las 17 o 20 personas que pidió la izquierda porque eran «ajenas al problema».
Chueca, que será la primera en declarar el viernes, a las 8.00 en el Seminario, consideró ayer que era una «pérdida de tiempo» porque la prórroga es «absolutamente legal» y abogó por «dedicar el tiempo a sacar adelante los proyectos nuevos que la ciudad necesita».
Giral recordó que el PSOE pidió la comisión porque el Gobierno «realizó una prórroga a escondidas, sin dar transparencia a la sociedad y a los grupos municipales», y achacó el veto a los comparecientes a que tienen «razones ocultas para esconder la información y ver qué ha ocurrido con esta prórroga que va a facilitar a Avanza cerca de 400 millones más durante los próximos cuatro años».
Elena Tomás, concejala de ZEC, consideró que el «paso atrás» de Vox viene premeditado por los presupuestos que están en negociación ahora y «por si Vox acaba en el Gobierno del PP». «Está ayudando al PP a tapar todo lo que está ocurriendo», criticó.
Y lo que está pasando con la Movilidad en Zaragoza no es poco. El área que gestionó en el anterior mandato la actual alcaldesa es el punto débil al que la oposición municipal, PSOE y ZEC, dirigen los ataques al Gobierno. Tal es así que la regidora ha tenido que cambiar al número 2, Miguel Ángel García Muro, por José Miguel Rodrigo, que suma la Movilidad a Vivienda, Infraestructuras y Ciclo Integral del Agua, que le habían sido previamente asignadas. «El área va a funcionar mejor con un jurista que pueda abordar los distintos retos que tenemos», reconoció ayer Chueca.
Aunque la comisión de investigación ha quedado prácticamente desactivada, sigue coleando, y no poco, el retraso al solicitar las ayudas del transporte, que podría implicar la pérdida de 7,4 millones de euros de subvención. ZEC pedirá el jueves en el pleno la dimisión de Gaudes.
Chueca admitió ayer un «déficit de control» del Gobierno municipal, que tiene «la responsabilidad de vigilar y controlar», en que se pasara el plazo. «Independientemente de que esa responsabilidad sea administrativa, tenemos que ser ejemplares», aseguró. Y defendió los cambios que sirvan para mejorar.
Hay, además, tres invitados que podrán asistir, si lo estiman oportuno: la socialista Carmen Dueso, que fue titular de Servicios Públicos; Guillermo Ríos, gerente de Avanza y un responsable de la empresa TRN Tayet, que hizo la asistencia técnica del nuevo contrato del bus.
