sucesos
Una familia de Longares reclama 5.000 euros a la Guardia Civil por los daños causados en su casa durante una detención
La Benemérita detuvo en su interior a una banda de albaneses que se dedicaba a robar.
Una familia de Longares lleva tres años llamando a diferentes puertas del Estado (Ministerio de Interior, Patrimonio del Estado, Ministerio de Justicia, Defensor del Pueblo y Guardia Civil de Zaragoza y Jaén) para poder recuperar los casi 5.000 euros (4.963 € en concreto) que les costó reparar los daños sufridos en su propiedad durante una detención.
En concreto, hubo que reponer cinco puertas que rompieron los efectivos de un equipo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid durante la detención de cuatro delincuentes albaneses con causas pendientes en Madrid y Jaén.
“La detención tuvo lugar durante la pandemia, el 21 de febrero de 2020. En su día no pusimos una denuncia porque nos parecía descabellado, pero fuimos buenos y tontos. De hecho, tuvimos que pagar el coste de los desperfectos a la empresa que cambió las puertas (tres de ellas eran metálicas y dos de madera) y todavía no hemos recuperado ese dinero a pesar de haber llamado a muchos sitios de la Administración”, denuncia Concepción García, propietaria con su hermano de esta casa rural de Longares, en el campo de Cariñena. "Ahora vamos a presentar la denuncia visto lo visto".
Los albaneses alquilaron la casa rural de Longares con documentación falsa (de un ciudadano rumano) explicando que se dedicaban a montar instalaciones de teléfono móvil y por eso necesitaban un garaje para guardar el material que llevaban en el vehículo y evitar sustracciones.
En realidad, los delincuentes estaban especializados en grandes robos y usaban ese lugar como escondite. Disponían de tres habitaciones dobles con calefacción, televisión y baño incluido. De hecho, utilizaron la localidad aragonesa como refugio después de haber cometer varios robos en Andújar (Jaén) y Madrid, de donde procedían los efectivos de la Guardia Civil que los detuvieron (un furgón donde viajaban 15 agentes) que contó con el apoyo logístico de la Comandancia de Zaragoza.
Escrito al defensor del Pueblo
El propietario de la vivienda, Antonio Gracia, detalló en un escrito enviado al Defensor del Pueblo que en estos tres años trascurridos se reunieron con la Guardia Civil de Muel (y luego con la de Zaragoza) para que les indicaran dónde podían reclamar esos daños que se produjeron con la intervención de la Benemérita.
Le recomendaron reclamarlo al Ministerio de Interior, a través de la dirección de Patrimonio. “Sólo recibo largas cada vez que reclamo dicha compensación. Ya no solo es el hecho de que es una cantidad nada despreciable para un negocio familiar sino que creo que es también una falta de diligencia por parte de la Administración con sus ciudadanos”, detalla Antonio Gracia en una carta enviado al defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol.
Su persistencia ha provocado una respuesta del defensor del Pueblo que reconoce que “su reclamación constituye un supuesto de responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, al haberse causado los daños en una intervención desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, a las órdenes del Juzgado de Instrucción 3 de Andújar”.
La familia dueña de la vivienda se puso en contacto con la Guardia Civil de Jaén y el Juzgado de Jaén, donde se instruyó la detención de los cuatro albaneses y posteriormente fueron condenados. Al final, la última respuesta del Juzgado Decano de Jaén del pasado 30 de octubre a los afectados ha sido que la solicitud de los aragoneses se reclamó al Juzgado Penal 3 de Jaén. “Actualmente, el expediente se encuentra a la espera de que ese órgano judicial remita las mismas”, precisan. “Cuando se produzcan cambios en la tramitación del mismo, le serán debidamente comunicados”.
En realidad, Concepción Gracia denuncia que después de tres años de reclamaciones sin ningún resultado, la situación les empuja al final a interponer una denuncia contra la Guardia Civil, un extremo al que no pensaban tener que llegar. “Nadie ha venido a ver las puertas que rompieron y cuando reclamamos nadie contesta”, reconoce la víctima.
De hecho, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, admite en la reciente carta remitida a la familia de Longares que su reclamación del pasado 24 de marzo de 2021, junto con el informe preceptivo sobre los hechos emitido por la Dirección General de la Guardia Civil y demás documentación, “fue remitida a la Subdirección General de Colaboración Institucional para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia”.
En este sentido, el defensor le comunica que una vez hayan actuado en dicho ministerio, les mantendrán informados sobre la respuesta a la reclamación por los daños causados.
