Inicio de curso político en Aragón: Mejorar la Sanidad y rebajar los impuestos serán las prioridades del primer año de la era Azcón

El curso político, el primero de la era Azcón, empieza con un cuaderno repleto de compromisos que unos compañeros de pupitre que apenas se conocen deberán plasmar en un presupuesto autonómico que tendrá el refuerzo del gasto sanitario, el apoyo a las familias y las rebajas fiscales entre sus prioridades. Han sido la Sanidad y el "infierno fiscal" los caballos de batalla que han permitido al PP descabalgar del Gobierno al cuatripartito de Javier Lambán y asumir las riendas de la Comunidad en coalición con Vox y con el respaldo del PAR, formación que con un solo diputado impregna de aragonesismo un Ejecutivo de derechas a cambio de un acuerdo programático y varias direcciones generales. Detectados los problemas toca ahora solventarlos.

Azcón confirmaba esta semana que las cuentas autonómicas, que serán "prudentes" por la inestabilidad política nacional, incluirán una subida del gasto sanitario por encima de la media y los primeros pasos de una ambiciosa reforma fiscal que empezará por enmendar la "política equivocada" que llevó a 15.000 familias que no estaban obligadas a hacer la declaración de la renta a tener que pagar por ella. Quiere el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, "tocar", además, los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio. El coste de la reforma, que aún está en estudio, marcará las prioridades y los plazos para materializar íntegramente la rebaja fiscal.

Cuenta la DGA con aumentar los ingresos para mejorar los servicios públicos con la reforma de la financiación autonómica, aunque pasarán meses, probablemente años, hasta que se aborde el cambio. Y puede ir a mejor, pero también a peor. Se mira de reojo a Pedro Sánchez, que podría utilizar el cambio de modelo como moneda de cambio en la negociación de la investidura con los independentistas catalanes primando el concepto de población sobre el coste real en la prestación de los servicios que reclama Aragón.

Los hospitales de Teruel y Alcañiz

Con el traspaso de poderes culminado y la estructura orgánica muy avanzada, tras el nombramiento de 27 altos cargos, PP-Vox debe decidir qué parte asume del legado de Lambán. El líder popular encuentra, en su desembarco en la DGA, un terreno abonado con proyectos a punto de florecer que allanarán su camino al inicio de la legislatura. En 2024 se inaugurarán los hospitales de Teruel y Alcañiz, en los que se han invertido más de 170 millones, y hereda proyectos con fondos europeos consignados, retrasados por una compleja tramitación administrativa, pero en condiciones de ser ejecutados, como ocurre con el complejo social de Valdefierro, que costará 25 millones. La DGA solo ha gastado hasta ahora el 28% de los 796 millones que tiene asignados.

Con el parón institucional de casi 100 días desde el inicio de la campaña electoral a la toma de posesión de Azcón, hay proyectos en peligro, un problema que Bermúdez de Castro quiere solventar con la creación de una dirección general de fondos europeos. Tiene los días contados el que proponía pisos de alquiler para jóvenes en los cacahuetes de la Expo, un equipamiento que será "reconducido".

El Ejecutivo de Azcón asumirá el plan de carreteras impulsado por CHA y espera, con los brazos abiertos, a los promotores de 15 proyectos que crearán 2.000 empleos e invertirán 2.000 millones que surgieron en la era Lambán. En logística, reconocía Octavio López, consejero de Fomento, las cosas "están bastante bien" y "va a haber noticias muy positivas en inversiones". Y es que a nadie le amarga un dulce, sobre todo, si sirve para quitar el mal sabor de boca que dejan las fábricas de baterías que se escaparon, algo que el nuevo Ejecutivo dice que con ellos no ocurrirá. No descarta unos Juegos Olímpicos y retomarán la unión de estaciones, con un plan para la nieve de 250 millones a cofinanciar con el Estado.

No pierde ocasión Azcón de reivindicarse como barón popular, alineado con Alberto Núñez Feijóo, pues, como decía Joaquín Costa, "es dos veces español porque es aragonés". Asegura que "el PP no hará concesiones que generen desigualdad entre los españoles" y rechaza la propuesta del lehendakari Íñigo Urkullu de promover una convención constitucional para cambiar el modelo territorial. Vería "deseable" que el PSOE apoyara a Feijóo, sin compartir que sea un "acercamiento bisoño" como sostiene Isabel Díaz Ayuso, baronesa en Madrid. Quiere jugar el papel protagonista que, con el pacto con Vox, se ha ganado al arrebatar a los socialistas uno de sus feudos.

El inicio de curso político coincide con el escolar, empañado por el retraso del Ana María Navales, de Arcosur, donde quizá pecó de optimismo el PSOE al retirar los barracones sin tener la garantías de que las obras acabarían en plazo. El bipartito apuesta por la "libertad, la excelencia y la equidad" como principios rectores en Educación, y deberá empezar a fijar los criterios del cheque escolar que permitirá a las familias elegir colegio, para controlar el contenido de las extraescolares y para la ampliación de la concertación al Bachillerato.

En Sanidad, mientras se avanza en la rebaja de las listas de espera con más colaboración con la concertada, urge mejorar al máximo el transporte de emergencias pues "no es viable jurídicamente" interiorizar el servicio. La DGA presentará este primer año un plan de infraestructuras sanitarias y de remodelación de los centros de salud. En el aire queda si la ampliación del Royo Villanova se mantendrá como prioridad y si el Ejecutivo asume el plan de salud mental 2022-2025 del Gobierno anterior.

Incentivos para el medio rural

La vicepresidencia de Desarrollo Territorial, desde la que Alejandro Nolasco (Vox) espera "supervisar todas las áreas de Gobierno", carece aún de contenido. En 2024 estrenarán el cheque bebé (costará 2 o 3 millones), y reivindican al Estado la ampliación de la bonificación de los costes laborales en Teruel hasta el 20%. PP y Vox impulsarán incentivos fiscales sin aclarar si serán los contemplados en la Ley de dinamización del medio rural que se aprobó en las Cortes en marzo con su voto en contra.

En cumplimiento del pacto, sustituirán la ley de memoria democrática por una de concordia, retocarán la ley trans, y facilitarán cambios normativos para que la construcción de viviendas sea atractiva para los promotores. Deberán PP y Vox acompasar sus pasos, huir de estridencias, aclarar su postura frente a la violencia marchista y evitar conflictos entre el PAR de Alberto Izquierdo y los Aragoneses de Elena Allué. Con Teruel Existe ya fuera de su órbita y la izquierda, liderada por el PSOE, buscando su sitio en la oposición tras 8 años de gobierno.