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Vox condiciona la investidura de Azcón a que el PP nacional "reconsidere" sus relaciones

La cúpula del partido asegura que "no se puede avanzar" pese al "buen entendimiento y diálogo". El PSOE denuncia el bloqueo institucional y critica que el cuatripartito tiene las "manos atadas".

Arturo Aliaga y Mayte Pérez, este miércoles, en el último Consejo de Gobierno.
Arturo Aliaga y Mayte Pérez, este miércoles, en el último Consejo de Gobierno.
Gobierno de Aragón

La dirección nacional de Vox condiciona ahora la investidura de Jorge Azcón como presidente aragonés a que Génova "reconsidere" la relación que mantiene con su partido. Así lo indicaron este miércoles a este diario fuentes oficiales de la formación de extrema derecha en Madrid, que aseguraron, literalmente, que "no se puede avanzar por la situación nacional" con el PP, aunque admitieron que existe "un buen entendimiento" con el candidato a la presidencia de Aragón y líder autonómico de los populares.

Pese a su firmeza, los contactos se han mantenido al máximo nivel en las últimas horas, como lo demuestra el hecho de que Azcón se trasladara este miércoles solo a Madrid para reunirse con un responsable de la cúpula nacional de Vox, tal y como confirmaron desde el partido de Santiago Abascal. En dicho encuentro en la capital, que sucede a la primera toma de contacto que hubo el martes en Zaragoza, afirmaron las mismas fuentes que "no se ha adelantado nada".

Por su parte, el PP optó por guardar absoluta discreción y se limitó a señalar que siguen las negociaciones sobre el esquema previsto de buscar un gobierno de "amplia base". Y para ello quiere explorar la posibilidad de sumar al acuerdo a Teruel Existe y al PAR, aunque Vox se niega de forma rotunda.

El partido reconoce la cesión que supuso la presidencia de las Cortes para su diputada Marta Fernández, pero solo dará los votos que necesita Azcón para garantizar su elección a cambio de que ceda varias consejerías para poder ejercer políticas reales.

Mientras tanto, el portavoz de la extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, suavizaba públicamente el tono al señalar que la negociación va "cogiendo mejor color" tras las elecciones generales y ponía en valor que en Aragón "no ha habido insultos", por lo que entendía que el acuerdo podría ser "más fácil" que en Murcia. Y es que mientras en esa Comunidad, donde Vox ha pedido la vicepresidencia y tres consejerías por apoyar al popular Fernando López Miras, a punto están de la repetición electoral, en Aragón, donde sus reclamaciones serían similares, existe lo que califican "buen diálogo".

La oposición ha pasado al ataque dos mes después de las elecciones autonómicas. El PSOE denunció este miércoles el bloqueo institucional que sufre la Comunidad y llegó a acusar a Azcón de "absentismo laboral". Lamentó la situación "inédita y excesivamente larga", con un Gobierno en funciones que intenta, con las "manos atadas", gestionar con los "límites que pone la ley y el sentido común" el día a día de Aragón.

"Un clamor"

La consejera de Presidencia en funciones, Mayte Pérez, avisó, tras el que espera que fuera su "último Consejo de Gobierno", que se requiere ya, "de manera urgente, con seriedad y con responsabilidad", que el nuevo Gobierno esté operativo cuanto antes. "Esto es algo que ya empieza a ser un clamor", sentenció.

Pérez apuntó, incluso, que habría cosas que se podrían hacer, pero que "por cortesía, respeto y lealtad institucional" no hacen para no comprometer al siguiente Gobierno.

Minutos antes, el secretario de Organización del PSOE-Aragón, Darío Villagrasa, acusó de "absentismo laboral" a Azcón por demorar dos meses su investidura. A su juicio, está "holgazaneando" desde que ganó las elecciones y le urgió a acabar con la "parálisis" que sufre la Comunidad. "El PP ha ninguneado y despreciado la encomienda de buscar un pacto y empezar a gobernar", censuró.

Además, recriminó que de forma "torticera" se dedique a "jugar con el engaño". "La única suma es la que le da con Vox", subrayó.

¿Qué puede hacer un Gobierno en funciones?

El traspaso de poderes cuando hay un cambio de color político en el Gobierno de Aragón es complejo. Además de preparar la documentación que acredite la situación económica y presupuestaria de la Comunidad, y de las actuaciones y programas comprometidos en cada consejería, es necesario gestionar el día a día. Porque la frenética actividad no para.

Lo que puede y no puede hacer un Ejecutivo en funciones figura en la Ley del Presidente, que en su artículo seis detalla una a una las atribuciones que tienen encomendadas.

Entre los principales frenos a la gestión figura el veto a la posibilidad de conceder subvenciones directas por más de 900.000 euros y a la autorización de expedientes de contratación por valor de tres millones. No se puede conceder subvenciones de manera directa.

Tampoco está habilitado un Gobierno en funciones para aprobar proyectos de ley y convenios de colaboración con el Estado, para modificar la estructura orgánica de los departamentos y para nombrar o separar a altos cargos de la Administración y personal eventual, salvo por causa legal determinante de incompatibilidad sobrevenida. 

El cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) no podría adoptar la iniciativa para la reforma del Estatuto de Autonomía, ni solicitar que las Cortes de Aragón se reúnan en sesión extraordinaria, ni aprobar o autorizar convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y demás Administraciones públicas, así como convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragón.

No podrá, tampoco, autorizar el convenio o acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado al que se refiere el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, conceder honores y distinciones ni designar a representantes de la Comunidad en otras instituciones.

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