entrevista
Fernando López Ramón: "La lucha contra la despoblación rural tiene poco éxito"
El catedrático de Derecho Administrativo (Zaragoza, 1953) concluye su trayectoria profesional tras recibir el doctor honoris causa de la Universidad de Alicante.
Fernado López Ramón (Zaragoza, 1953), catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, ha recibido el doctor honoris causa de la Universidad de Alicante hace unos días, como la culminación de su carrera profesional ya que se jubila. Ha sido presidente de todos los profesores de esta asignatura de toda España, desde 2015 hasta 2023.
¿Qué balance hace de toda una carrera profesional como catedrático de Derecho Administrativo en una facultad de Zaragoza con tanta historia?
Salvo las estancias en el extranjero y un par de años en la Universidad de Barcelona, donde saqué la cátedra, toda mi carrera se ha desarrollado en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Primero, como miembro del equipo que dirigía Lorenzo Martín-Retortillo, donde se integraban Pepe Bermejo y Luis Martín Rebollo. Luego, como miembro y después coordinador del grupo Adester, que en la actualidad es un referente fundamental de la investigación jurídica en materias como contratación pública, regulación económica, ordenación urbanística o protección del medio ambiente.
Ha sido presidente de los profesores de Derecho Administrativo, que son 400 en toda España. ¿Qué han logrado en su etapa allí y va a seguir al frente?
Efectivamente, desde 2015 hasta 2023 he presidido la asociación que reúne a todos los profesores españoles de mi especialidad. Para mí ha sido un honor y la oportunidad de contribuir a la consolidación de una experiencia de gran calado para el desarrollo de la investigación jurídica. Nuestros congresos se han ocupado de cuestiones sociales muy importantes y el próximo tratará de la Inteligencia Artificial en las Administraciones Públicas.
¿Cree que el Derecho Administrativo es el más difícil de todos, que hasta provoca que los jueces de esta especialidad tienen que prepararse de manera singular?
En efecto, podríamos decir que el Derecho Administrativo es una singular rama del Derecho, pues ha de combinar las potestades y privilegios de la Administración con los derechos de los ciudadanos, las cautelas del procedimiento y las exigencias de la organización pública. Ello determina, es cierto, notables especialidades que a algunas personas les cuesta internalizar. Nosotros, en el grupo zaragozano, tratamos de conectar con la realidad administrativa, sobre todo a través de los casos prácticos que venimos integrando en nuestra docencia desde hace décadas.
La llegada de los molinos a los pueblos de Aragón ha provocado algunos pleitos… ¿Ha faltado más legislación autonómica o estatal para su desarrollo?
Se trata de una actividad de gran trascendencia económica y ambiental, lo que explica el elevado número de litigios que se generan, tanto por parte de las empresas, como por la iniciativa vecinal. El legislador, en buena medida, ha adoptado el tradicional punto de vista favorecedor de las infraestructuras y equipamientos buscando una mayor eficacia que, ciertamente, favorece la lucha contra el cambio climático. En la práctica, sin embargo, hay que tener en cuenta y solucionar los problemas que frecuentemente se plantean, por ejemplo, en materia de ruidos, seguridad para las aves o impacto paisajístico.
¿Cómo cree que los ciudadanos deberían ser mejor protegidos ante la Administración?
Las fórmulas clásicas, como el principio de legalidad o la tutela judicial, son importantes, pero resultan insuficientes. Hemos de buscar y aplicar medidas que intensifiquen la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, mejoren la información disponible, aseguren la rendición de cuentas y exijan las correspondientes responsabilidades. Aquí hay un gran ámbito de actuación política que requiere de criterio en su diseño y firmeza en su aplicación.
¿Los planes de ordenación urbana han protegido o castigado a los ciudadanos provocando más pleitos?
La planificación urbanística ha sido un elemento determinante en la configuración de nuestras ciudades, que han mejorado notablemente, no sólo en los centros históricos, sino también en la creación de nuevas centralidades, mejora de los servicios e integración social. Lo que sucede es que la ciudadanía exige que los contenidos del plan cuenten con fundamentos sólidos claramente expresados. Es la falta de adecuada motivación la que determina la mayor parte de los litigios.
La pandemia provocó muchas sentencias contra la DGA. ¿Se improvisó muchas veces durante esta situación o era inevitable?
Mi criterio en esta cuestión fue y sigue siendo el de apoyar las decisiones que los Gobiernos estatal y autonómicos hubieron de adoptar en unas condiciones muy precarias, que venían determinadas por la magnitud de la catástrofe. No había información fiable que pudiera emplearse con facilidad, ni medios apropiados para actuar, por lo que es evidente que hubo de improvisarse. Pese a todo, finalmente pudo organizarse una reacción adecuada estableciendo un programa de sucesivas vacunaciones que nos ha permitido superar la crisis. Pretender ahora un examen pormenorizado de aquellas decisiones es no hacerse cargo de la situación de emergencia en la que se adoptaron.
La Administración asumió la riada de Biescas o el accidente del Yak para las víctimas. ¿Cree que los ciudadanos prefieren el uso del Código Penal a las leyes administrativas?
Fueron experiencias terribles, en las que creo que las autoridades aragonesas apoyaron activamente a los familiares de las víctimas. La vía penal suele ser preferida por las facilidades que brinda para la obtención de pruebas en la exigencia de responsabilidades, que, en muchas ocasiones, sin embargo, terminan aplicándose en vía administrativa. Lo importante, a mi juicio, sería aprender de las catástrofes sufridas: el caso Biescas nos enseña la necesidad de una buena ordenación del territorio para evitar tragedias como la derivada de haber colocado el camping en el cono de deyección de un torrente; y el caso Yak nos plantea la exigencia de imponer condiciones de seguridad y calidad en la contratación pública de los servicios.
¿Cómo debe resolverse la polémica entre los taxis de las ciudades de siempre y los nuevos coches que son su competencia?
Tenemos una regulación del taxi obsoleta desde el punto de vista de las libertades económicas, pues colisiona con la libre competencia, pero eficaz bajo la óptica de prestación del servicio de movilidad urbana. La evolución ha de orientarse claramente a la apertura a nuevos prestadores, aunque parece también conveniente evitar cambios bruscos contemplando los intereses de los actuales titulares de licencias de taxi. En definitiva, tras un período transitorio, mi opción sería favorable a la liberalización completa del sector, sin perjuicio de exigencias de seguridad y calidad en la prestación del servicio.
Entre sus libros escribió uno sobre el modelo de ciudad en el urbanismo español. ¿Cree que van a desaparecer los pueblos y vamos camino de las grandes ciudades?
La lucha contra la despoblación rural es un objetivo que, en nuestra legislación, ha tratado de asumirse a través de variadas políticas públicas: colonización agraria, industrialización, ganadería intensiva, desarrollo rural, turismo… Hasta ahora, con poco éxito. Pienso que habría que intervenir desde dos líneas de actuación que dependen en buena medida del Gobierno de la Comunidad Autónoma en su establecimiento y de los Municipios en su aplicación: la primera sería una ordenación del territorio decididamente orientada a la corrección de los desequilibrios existentes y la segunda una organización de ese territorio centrada en la potenciación de las ciudades de tipo medio, probablemente aprovechando nuestro mapa comarcal.
¿Cómo se ha sentido al enterarse del nombramiento de doctor honoris causa en la Universidad de Alicante?
Lo considero la culminación de mi trayectoria profesional, pues el doctorado honoris causa es la máxima distinción que conoce nuestro sistema académico. La ceremonia se conserva conforme a las pautas tradicionales y resulta muy vistosa y emocionante. Con la Universidad de Alicante tengo antiguas y sólidas relaciones en materia de docencia e investigación que explican el generoso reconocimiento que me ha otorgado.
