Los campus aragoneses piden que se retrase la cotización de los becarios
La Universidad de Zaragoza y La Universidad San Jorge reclaman que se retrase un año la obligación de que los estudiantes que hacen prácticas externas coticen a la Seguridad Social.
Los campus aragoneses (la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge) reclaman también que se retrase un año la obligación de que los estudiantes que hacen prácticas externas coticen a la Seguridad Social. Se unen así a otras universidades españolas que han remitido una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para que apruebe una moratoria sobre esta cuestión.
En el escrito ponen de manifiesto su "máxima preocupación" respecto a esta decisión, puesto que defienden que las universidades van a tener que asumir la cotización de prácticas "no remuneradas" para garantizar que "los estudiantes universitarios puedan graduarse".
En este sentido, explican que las entidades públicas, donde se hacen el 60% de las prácticas, "están solicitando la firma de adendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente". Por lo que, además, temen que las empresas privadas "se sumen a estas solicitudes". "Colaboran con la universidad para brindar oportunidades de prácticas a los estudiantes, pero no están dispuestas a asumir los gastos ni la carga administrativa asociada", puntualizan en el escrito.
Lo que deriva, según inciden, en un "gran problema" para los campus del país. Por ello, reclaman el desarrollo de una plataforma informática para llevar a cabo la carga de datos necesaria para el proceso de cotización de forma masiva, permitiendo así aligerar la burocracia. Destacan la necesidad de dotar a las universidades de los recursos humanos necesarios para la gestión de altas y bajas, además de implementar una metodología "simplificada" y basada en los estándares de prácticas de los planes de estudio oficiales para llevarlo a acabo. Por último, ponen de relieve que para 2023 no existe un presupuesto para asumir estos gastos.
En el documento señalan que desde que se publicara el Real Decreto-ley no han recibido instrucciones claras por parte del Gobierno y que desde las delegaciones provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social no les han podido proporcionar "respuestas concretas" a sus dudas.
