Los compromisos adquiridos en las dos últimas semanas de campaña electoral por los partidos aragoneses superan con creces los 4.300 millones de euros, lo que requeriría destinar más de la mitad del presupuesto autonómico de este año, el más expansivo de la historia gracias a los fondos europeos de reconstrucción. Esta factura milmillonaria solo tiene en cuenta las promesas sobre las que los partidos han aportado su coste o que son cuantificables, pese a que buena parte de los anuncios tienen impacto directo en las cuentas autonómicas y no sale reflejado en los programas.

Más de la mitad del citado importe corresponde únicamente al apartado social y a la apuesta de dos partidos, PSOE y Podemos, por los cuidados. El presidente aragonés y candidato socialista, Javier Lambán, propuso el pasado miércoles una estrategia para mayores dotada de mil millones para la próxima legislatura, mientras la líder morada, Maru Díaz, plantea incrementar las partidas para cuidados hasta el 2% del PIB, lo que supondría un incremento anual de 300 millones respecto a la cifra actual.

El barón socialista también se comprometió a universalizar el derecho a las extraescolares a las familias con menores recursos, para lo que anunció la semana pasada una inyección anual de 75 millones, 60 más de los que se destinan ahora.

Otro de los capítulos en los que se ha descendido al detalle económico ha sido en el de las inversiones en el Pirineo, al calor del fiasco de la unión de estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya. Se adelantó el líder del PP, Jorge Azcón, al trasladarse al Altoaragón para comprometer 250 millones –con el respaldo de un hipotético Gobierno central en manos de Alberto Núñez Feijóo– y el PSOE no se quiso quedar atrás y a los días presentó otro dotado con 448 millones.

Los populares también aseguran que darán un cheque de 1.500 euros por cada niño que nazca en Aragón en el caso de que Azcón se ponga al frente del Pignatelli, lo que implicaría un desembolso de 56 millones a lo largo de la legislatura si se mantuviera estable el número de nacimientos.

El impacto será muchísimo mayor sobre las arcas públicas, e igualmente en beneficio del bolsillo de los contribuyentes, en el supuesto de que el PP ganara las elecciones y cumpliera su agenda fiscal. Solo la deflactación del IRPF supondría 560 millones, según los cálculos de la Dirección General de Tributos, pero sería mucho mayor con la rebaja de medio punto a las rentas bajas y medias, la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones en herencias entre padres, hijos y cónyuges y la ampliación del mínimo exento a 700.000 euros en el de Patrimonio.

Del mismo modo, el erario tendría una merma de ingresos en torno a 576 millones en la próxima legislatura si se aumenta hasta el 20% las ayudas al funcionamiento en zonas despobladas, tal y como anunció Núñez Feijóo en Teruel la semana pasada.

Sin concreción

Otras medidas son menos onerosas, como la duplicación del presupuesto para el deporte por parte del PSOE –creciente y hasta alcanzar 10,46 millones adicionales en 2027– o el refuerzo del operativo contraincendios de Podemos –5 millones al año–.

La factura de las promesas electorales se dispararía de forma sustancial en caso de sumar el coste de los 16.000 pisos de alquiler asequible que promete el PSOE en los próximos 20 años o las líneas de ayudas para la rehabilitación que anuncia el PP. Facilitar el acceso a un piso por parte de los jóvenes y rentas bajas es compartida por todo el arco político.

Otras promesas no se pueden cuantificar porque habría primeros que concretar su alcance, como el bono propuesto por el candidato de CHA, José Luis Soro, para que los estudiantes no deban trabajar para mantenerse. En general, las formaciones minoritarias son menos propensas a lanzar propuestas millonarias a sus potenciales electores. «Estamos cansados de escuchar promesas millonarias pero sin decir de dónde», apuntan desde IU. La candidatura de Álvaro Sanz se compromete a «una mejora constante en educación y derechos sociales».

Desde Cs, el candidato autonómico, Carlos Ortas, plantea educación gratuita hasta los 3 años o becas para el transporte y los comedores. Es una de las promesas más repetidas por los partidos. También los planes de mejora del sistema sanitario o las políticas de vertebración.