El proyecto de unión de Astún y Formigal está bloqueado en la DGA desde hace dos semanas por la negativa del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), a firmar su aprobación inicial. Su decisión se la comunicó al presidente, Javier Lambán, el pasado 25 de abril y desde entonces el líder socialista no ha firmado un decreto para sustituirlo en la tramitación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA).

Su decisión ha impedido lanzar la tramitación administrativa, que debía comenzar con el proceso de información pública y petición de informes preceptivos a los organismos implicados y a las entidades locales afectadas. Luego habría que estudiarlas y aportar las alegaciones que se consideraran oportunas antes de remitir todo al Inaga para someterlo a una declaración de impacto ambiental. Y solo tras superarla se podría aprobar de forma definitiva el PIGA, que en el caso de los aprobados en esta legislatura han requerido, de media, nueve meses.

Soro se acogió a la Ley de Integridad y Ética Públicas para justificar su abstención de cualquier decisión al respecto de la unión de estaciones, para lo que alegó que podría incurrir en "un conflicto de intereses". Y lo argumentó señalando que es "público y notorio" la oposición de su partido a la telecabina por Canal Roya, por lo que podría "colisionar" sus intereses personales con el interés público e influir "indebidamente" en el ejercicio de sus obligaciones como consejero.

Su comunicación no ha tenido respuesta y contrasta con la agilidad y diligencia que tuvo Lambán en firmar la sustitución de la consejera de Economía, Marta Gastón, por la de Presidencia, Mayte Pérez, en la tramitación de la declaración de interés autonómico del proyecto. En este caso, la solicitó Gastón el pasado 17 de marzo al estar obligada por ley a abstenerse al ser presidenta de Formigal SA, impulsora del proyecto, y el decreto se firmó en el mismo día.

No obstante, la maniobra del departamento de CHA para ralentizar el procedimiento se inició nada más llegar la extensa documentación del PIGA al Pignatelli, el pasado 23 de marzo. La Dirección General de Ordenación del Territorio hizo un requerimiento de subsanación y mejora de dicha documentación el 4 de abril y Formigal SA la remitió 14 días después.

Todo ello servirá de poco a tenor de las explicaciones que dio este jueves Marta Gastón, quien resaltó que el plan presentado decae automáticamente porque carece de la financiación necesaria al haber renunciado al grueso de ella, 26,4 de los 38 millones, la Diputación Provincial de Huesca, que es la entidad promotora. "La tramitación es imposible seguirla", dijo.