El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que "no ha habido ningún tipo de conflicto de intereses" en la labor desarrollada por la consejera de Economía, Marta Gastón, en el proyecto de unión de estaciones, tal y como ha puesto en duda IU al solicitar a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) que estudie esta cuestión. Asimismo, ha pedido su paralización como medida cautelar, debido a que 26 de los 38 millones a los que asciende el coste de esta infraestructuras serán sufragados por los fondos europeos Next Generation.

"Este tipo de cuestiones están resueltas desde el principio", ha aseverado el presidente, quien no teme que por esta acción se pueda paralizar el proyecto. "El Gobierno no está actuando de manera improvisada ni de manera frívola", ha defendido al ser preguntado al respecto durante una vista a las instalaciones del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA). Y ha asegurado que cuenta con "plenas garantías jurídicas" y "de respeto y preservación del medioambiente". 

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En este sentido, ha apuntado que lo que se quiere hacer en el Pirineo "no es ningún tipo de atrocidad" y que lo que busca es "consolidar un modelo económico" y reforzar la "competitividad de un sector que ya proporciona mucho empleo y riqueza. Ha insistido en que el proyecto es "medioambientalmente sostenible, con un impacto visual mínimo y reversible", pese a que los propios informes reconocen que el impacto visual es "severo". 

Asimismo, ha señalado que en Cataluña y Andorra están llevando a cabo actuaciones "muy parecidas", pero "de bastante mayor calibre y en zonas más protegidas" y "nadie se está llevando las manos a la cabeza ni poniendo el grito en el cielo. Por ello, ha asegurado que no entiende por qué en la comunidad aragonesa "nos dedicamos a pegarnos tiros en el pie".