Así son las denuncias de los aragoneses al Defensor del Pueblo: de la renta mínima a los pivotes y la ludopatía
Las quejas de los vecinos de la Comunidad a este organismo nacional se duplican en cinco años y alcanzan las 854 durante 2022.
Los aragoneses recurren cada vez más al Defensor del Pueblo, cargo que ocupa actualmente Ángel Gabilondo, para denunciar asuntos que superan las competencias del Justicia de Aragón. Tanto que en los últimos cinco años las quejas recibidas desde la Comunidad tramitadas por este órgano se han duplicado y han pasado de 419 en 2018 a 854 a lo largo del año pasado.
Las cuestiones que más preocupan tienen que ver con el empleo y la seguridad social. Pero el informe anual de la institución, presentado recientemente, destaca también casos concretos como los 22 meses de espera para la reprogramación de la consulta de Traumatología en el centro médico de especialidades Inocencio Jiménez de Zaragoza, mediando la fase aguda de la pandemia (del 31 de marzo de 2020 al 9 de febrero de 2022). Asimismo, este balance recoge la denuncia de un vecino de Zaragoza por la instalación de pivotes en una zona de uso peatonal.
Durante el pasado ejercicio las reclamaciones crecieron un 15,41%, de 740 a 854. Esta cifra supone un 2,80% del total que llegaron a la institución de todas las comunidades autónomas. Estaban centradas especialmente en función y empleo públicos (97), empleo y seguridad social (94), administración de justicia (60) y centros penitenciarios (46).
A estas quejas ciudadanas hay que sumar los 127 expedientes que le fueron remitidos por el Justicia de Aragón. Se trata de asuntos que llegan al Justiciazgo competencia de un organismo nacional y se derivan, a no ser que se planteen dudas que se suelen resolver con la colaboración de las entidades radicadas en la Comunidad.
Las denegaciones y retrasos en el ingreso mínimo vital (IMV), la dificultad para obtener citas en la Jefatura Provincial de Tráfico o en las comisarías de la Policía Nacional o el retraso en el abono del justiprecio o indemnizaciones en las expropiaciones son algunas quejas que se trasladaron al Defensor.
Llama la atención el caso de un graduado en Medicina que pagó los derechos en el banco para hacer el examen mir (médico interno residente) y el Ministerio no se lo permitía porque afirmaba que le faltó el clic final del último paso en la presentación digital de la documentación.
Actuaciones de oficio
La lucha contra la ludopatía también se cuela en el informe anual del Defensor del Pueblo. Un vecino de Zaragoza adicto al juego denunció que en Navarra podía acceder libremente a los locales de apuestas esquivando la autoprohibición derivada de inscribirse de forma voluntaria en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego del Ministerio de Consumo. Gracias a este caso se comprobó que la entrada de los autoprohibidos en la Comunidad Foral solo se estaba aplicando a los bingos, únicos locales que estaban obligados a disponer de medios para identificar a las personas que entraban a estos establecimientos. El Gobierno de Navarra está tramitando la extensión a la totalidad de los salones de juego de la obligación de identificar a todos sus clientes.
El Defensor abrió de oficio seis expedientes relacionados con la Comunidad. Los cacheos en la cárcel de Zuera y el suicidio de un interno en la unidad de custodia hospitalaria del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que previamente ya había protagonizado un intento en la cárcel zufariense, motivaron el inicio de algunas de estas actuaciones.
En el caso de la unidad de la custodia hospitalaria del Servet, el Defensor explica que, según la información que se recabó, los agentes de la Policía Nacional que se encargaban de la vigilancia del preso carecían de la información sobre el intento de quitarse la vida que ya había protagonizado en la cárcel. Por ello demanda una mayor coordinación y que se compartan las circunstancias personales y sanitarias de cada interno a fin de intentar prevenir este tipo de desenlaces.
Una de las visitas que llevó a cabo el personal del Defensor del Pueblo el año pasado fue al Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Zaragoza, el centro de Juslibol en el que cumplen condena los menores. Lo hizo tras recibir otra queja por el uso de medicación sedante en algunos internos y por la falta de diagnóstico y seguimiento médico psiquiátrico. A tenor de esta inspección, recomendó al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico que el uso de medicación incapacitante se limite a situaciones de estricta necesidad.
